Ninguna reforma laboral crea empleo en un país feroz contra las empresas

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han firmado un acuerdo laboral con el que todos dicen haber logrado buena parte de sus objetivos, aunque buena parte de las posiciones del Gobierno y de los sindicatos eran incompatibles con las de los empresarios.

Eso, en sí mismo, resta profundidad a una reforma que ha sido presentada por Yolanda Díaz como una derogación, para atender a su clientela y sus compromisos; y como un hito histórico nunca visto. Y difundida por la CEOE, sin embargo, como un ligero retoque que no afecta en lo sustancial a las normas laborales impulsadas por Rajoy y Báñez en 2012.

Las dos cosas no son posibles a la vez, y ello demuestra que la dimensión de la reforma ni es tan intensa como presume el Gobierno ni tan liviana como afirma la patronal: ese lenguaje es meramente político, más derivado de los intereses de los protagonistas que de las necesidades de los trabajadores, las empresas y la sociedad española en su conjunto.

A falta de conocer todos los detalles, sí puede afirmarse que el acuerdo es, más allá de sus consecuencias, un éxito para Pedro Sánchez y, particularmente, para Yolanda Díaz: ambos y su Gobierno terminan el año con los Presupuestos aprobados de facto y una reforma laboral consensuada.

Con independencia de que ambos adolezcan de realismo y probablemente agudicen los ya gravísimos problemas estructurales de la economía española, desde una perspectiva política son un triunfo evidente de Moncloa.

Ninguna ley genera empleo por sí misma, solo interviene en la miseria que provoca la ausencia de prosperidad general: cuando la hay, el reparto justo entre empleados y empleadores llega solo

Yendo a lo concreto, el gran problema de la reforma es que responde más a los prejuicios ideológicos de sus impulsores que a la realidad económica del país, a la tétrica situación de las empresas y al impacto que todo ello tiene en el mercado de trabajo para los ciudadanos.

El drama de las empresas

Ninguna ley genera empleo por sí misma, solo interviene en la miseria que provoca la ausencia de prosperidad general: cuando la hay, el reparto justo entre empleados y empleadores llega solo, sin intervencionismo político o sindical alguno.

Por eso no es del todo relevante valorar cómo quedan la contratación temporal, los convenios de empresa frente a los de sector o la ultraactividad: nada de ellos valdrá de gran cosa mientras en España abrir una pequeña empresa siga siendo un ejercicio heroico lastrado por una presión fiscal insoportable, una burocracia insufrible y una incomprensión política absoluta. Las leyes pueden regular un empleo teórico inexistente; pero no generarlo. Y eso, por encima de todo, es lo que hacía falta.