¿Vacunación obligatoria, libertad total o restricciones para los no vacunados?

El caso de Djokovic, retenido y aislado en Australia por carecer de pasaporte Covid y negarse a explicar si está o no vacunado, ha alimentado un complejo debate que ya llevaba tiempo sobre la mesa: el derecho de los Estados a imponer la vacunación obligatoria o medidas alternativas para combatir la pandemia.

La colisión entre derechos o elecciones personales y asuntos públicos siempre provoca dilemas delicados, agravados en este caso por una corriente "antivacunas" que desecha las evidencias científicas y estadísticas, demostrativas claramente de los inmensos beneficios de la inmunización, y se centra en sus ocasionales efectos secundarios en el presente o en la indefinición de sus consecuencias a largo plazo.

Que países de larga tradición democrática como Italia o Grecia ya hayan impulsado reformas legales para imponer la vacuna en determinadas franjas de edades y que otros muchos, sin embargo, prefieran optar por incentivarla poniendo límites de movilidad a quienes la rechacen; deja claro que no hay una respuesta clara ni unánime.

En principio, no se puede imponer a nadie una medida que, de rechazarse, perjudica sobre todo a quien toma esa decisión, sean cuales sean sus motivaciones: ninguna de ellas, por cierto, enmienda la evidencia científica de que la vacuna previene de la enfermedad grave en un 90% de los casos, como demuestran las cifras oficiales de la pandemia, muy centrada ya en los ciudadanos sin inmunizar, por mucho que los contagios afecten a toda la población.

Existe el derecho individual a no vacunarse; pero no el de elevar el riesgo para el resto cuando se toma esa decisión

Pero sí se puede poner coto a sus movimientos y costumbres, desde la perspectiva de que su decisión tiene un impacto en el resto: cualquiera puede contagiar, sin duda, pero los estudios científicos más recientes indican que esa capacidad es hasta cuatro veces superior en el caso de los que han optado por rechazar el pinchazo.

Existe, al menos ahora, el derecho a no vacunarse. Pero no, desde luego, el de poner en mayor riesgo a los demás por esa decisión personal. Y hasta es discutible que exponerse a un peligro mayor uno mismo no pueda tener respuesta legal, como demuestra la negativa pública a que, por razones religiosas por ejemplo, se rechacen transfusiones de sangre necesarias para salvar la vida propia o la de un familiar.

Derechos individuales y colectivos

Djokovic, y tantos como él, no tienen derecho a hacer una vida normal si, a partir de una decisión individual, amenazan un espacio compartido que no es de nadie y es de todos a la vez. Y pedirles a todo un "pasaporte COVID" no restringe libertad alguna ni abre el camino a una intervención total del Estado en los derechos de nadie.

Si no lo hace un permiso de conducción para conducir o las vacunas obligatorias de otro tipo para viajar a determinados destinos; no lo hace desde luego una simple certificación de que, en la medida de lo posible, no vamos a ser cada uno de nosotros un peligro extra al que ya supone el virus.