Sin bajada masiva de impuestos, no hay plan útil para España

El Gobierno ha aprobado ya en el Consejo de Ministros el “plan de choque” para frenar la escalada de precios en los carburantes, la luz y el gas. Lo sustantivo es que renuncia a la bajada masiva de impuestos que había anunciado Pedro Sánchez y opta por la subvención directa de los combustibles (20 céntimos por litro, 5 de ellos puestos por las petroleras) y por el intervencionismo (limitar a un 2% la subida de los alquileres o prohibir el despedido procedente para encarecerlo si se produce).

La medida con la gasolina durante solo 3 meses es similar a la que aplicará con la luz: en lugar de reducir los impuestos (que suman casi un 50% del coste para el consumidor), opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz: con los carburantes financia directamente al consumidor; con la luz lo hará a las empresas de gas, para completar lo que pierden al “topar” el precio de su producto temporalmente.

Eso significa, básicamente, que el Estado no quiere renunciar a los ingresos fiscales (salvo a una pequeña parte por precisar en el recibo eléctrico) y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública y consolidar un crecimiento de la inflación.

¿Y los impuestos?

La razón es evidente: una rebaja masiva de impuestos que dejara el IVA al 4% o deflactara el IRPF para adaptarlo a la inflación le obligaría a recortar gasto público y no tendría el mismo efecto político que tiene asentar la idea de que es el Gobierno quien auxilia directamente a la población, a la que en realidad “devuelve” una mínima parte de lo que le ha estado cobrando y le seguirá cobrando durante meses: apenas un 18% del sobreprecio que tiene la gasolina desde hace meses, por ejemplo.

El plan tiene más de medida ocasional que de propuesta estructural: de los 16.000 millones, 10.000 son préstamos del ICO (algo sorprendente cuando hay pendientes de conceder 35.000 millones de un plan idéntico presentado en la pandemia) y los 6.000 millones restantes serán ayudas directas, bajadas fiscales modestas, bonos sociales eléctricos, planes para el transporte, la ciberseguridad y la subida del 15% del Ingreso Mínimo (cuando aún no se le paga al 60% de los beneficiarios potenciales por problemas burocráticos).