Sánchez no puede tener poderes absolutos ni en tiempos de crisis siquiera
La reforma de la Ley de Seguridad no puede ser una excusa para que un presidente opaco y con tendencias absolutistas incremente sus poderes públicos.
Pedro Sánchez, en un acto reciente
El Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Seguridad Nacional gracias al PP, tras volver a sufrir el abandono de sus socios y aliados, con el objeto de ampliar las funciones del Gobierno y del presidente en tiempos de crisis.
Se trata de una ley ordinaria, no orgánica, y por tanto es muy cuestionable que pueda limitar derechos fundamentales: el PP la ha respaldado por ser un asunto de Estado, pero la tumbará si en su tramitación si el PSOE no acepta sus enmiendas, destinadas básicamente a limitar el poder arbitrario de Pedro Sánchez.
Con esta Ley, siempre que se declare una crisis, el Gobierno podrá “adueñarse” de prácticamente todo: decidirá qué prestaciones deben darle al Estado todos los ciudadanos mayores de edad; podrá paralizar o incautar toda actividad empresarial necesaria para esa emergencia e incluso decidirá qué contenidos deben difundir los medios de comunicación para ayudar en esa tarea. El Consejo de Estado ya se ha opuesto a todo ello.
La norma tiene varios puntos inquietantes: la indefinición sobre qué se considera una “crisis” avala el temor a que conceda un poder absoluto al Presidente llegado el caso: si no se precisa cuándo, para qué y con qué límites y se confía el criterio a la buena voluntad del gobernante; se estará abriendo una puerta peligrosa a la arbitrariedad de un Gobierno que ha dado sobradas muestras de ser arbitrario.
Controlar a Sánchez
Esa sensación aumenta si se recuerda que el Departamento de Seguridad Nacional depende en estos momentos del Gabinete de la Presidencia y en consecuencia del propio Pedro Sánchez y del ministro Félix Bolaños, que tendrían un poder casi ilimitado en situaciones de crisis.
Los precedentes de Sánchez en el uso abusivo del poder son muy evidentes y ponen bajo sospecha la reforma en su actual formación: declaró dos Estados de Alarma inconstitucionales; ha dañado el CNI, que es la principal herramienta de la Seguridad Nacional; y acumula 1.200 advertencias del Consejo de Transparencia, que perdería toda capacidad de control tal y como está redactada la ley ahora mismo. Con ese historial, fiarse de Sánchez sería un despropósito.
