El Gobierno se forra con la luz, el gas y los carburantes

Esta semana ha entrado en vigor el tope del gas que, durante doce meses como máximo, limitará el precio del producto a los usuarios de la llamada tarifa regulada y permitirá reducir el coste final en un máximo del 15% del recibo actual. Y ni siquiera está claro que esto ocurra viendo que, incluso con este tope, los precios han subido notablemente por las fluctuaciones del mercado y las compensaciones a las empresas gasísticas.

Lo cierto es que, sin despreciar el pequeño alivio para los bolsillos que representa esta medida para el 40% de los usuarios, la factura del gas seguirá costando hoy un 82% más que hace un año. Y lo cierto es que, con mucha probabilidad, el descuento que verán los usuarios de la tarifa regulada lo tendrán que asumir en sus recibos los usuarios de la tarifa libre o el conjunto de los ciudadanos de un modo u otro, aunque el Gobierno se resiste a precisarlo.

Porque Europa ha rechazado, en realidad, cambiar el sistema de cálculo del recibo y sigue manteniendo el gas como referencia. Y ha rechazado, igualmente, topar su precio de manera universal. Solo le ha permitido a España aplicar una “excepción ibérica” que en realidad no existe: cualquier socio de la Unión puede reducir los recibos ya, bajando la fiscalidad que el Gobierno de España mantiene y le permite batir récord de recaudación.

Para el ciudadano no hay “isla energética” alguna, pese a la leve mejora. Pero para el Gobierno, en cambio, sí existe un “paraíso fiscal”

La maniobra del Gobierno es, con el gas, similar a la ya aplicada con el combustible: en un caso subvenciona con 20 céntimos cada litro de carburante, sin frenar la escalada de precios y sin renunciar al cobro de impuestos. Y en el otro, mantiene la fiscalidad salvo en casos excepcionales de rentas bajas o poco consumo, y le aplica un tope al precio que compensará el resto de usuarios.

Recaudación voraz

Lo cierto es que, con la inflación disparada y los precios de la energía en máximos históricos, el Gobierno no ha renunciado a ingresar más que nunca y se niega a aplicar rebajas generales: en lo que va de año, ha recaudado ya 13.000 millones de euros más de lo previsto.

Para el ciudadano, pues, no hay “isla energética” alguna, pese a la leve mejora. Pero para el Gobierno, en cambio, sí existe un “paraíso fiscal” recaudatorio que solo se frenará cuando suban los tipos de interés y empiece a bajar la inflación.

Es inaceptable, pues, que el peor periodo de empobrecimiento de la sociedad en décadas coincida con la mayor voracidad recaudatoria del Gobierno, que se aprovecha sin duda de esa paradoja con pocos escrúpulos y medidas decorativas de escaso efecto práctico.