Sánchez se entrega definitivamente a Bildu y blanquea el inolvidable terror

El Gobierno ha aprobado, con el apoyo decisivo de Bildu, la nueva Ley de Memoria Democrática, que entrará en vigor cuanto la certifique el Senado a la vuelta del verano. Se trata de una ampliación de la ya polémica Ley de Memoria histórica de Zapatero, de 2007, que reabre las heridas de la Guerra Civil y resucita el espíritu de las “dos Españas” y le añade una novedad indignante.

Porque consagra la reescritura de la historia reciente del terrorismo, al incluir en el epígrafe de víctimas a los supuestos represaliados del universo abertzale. En síntesis, la Ley se resume en dos ideas: protege el recuerdo de las víctimas del franquismo pero no de las de ETA y prohíbe los marginales actos de exaltación de la Dictadura pero no los homenajes a etarras, mucho más frecuentes y dolorosos.

La excusa de que con la Ley se cierra una herida es falsa: ya el 20 de noviembre de 2002 el Congreso aprobó, por unanimidad y con el respaldo del PP, una condena formal de la Dictadura y honrar a todas las víctimas, algo que se desprecia ahora con las más recientes, tantas de ellas con familiares asistiendo en directo al triste espectáculo.

La nueva ley es en realidad un paso más en la tarea de demolición de la Transición, denostada siempre por Podemos y el separatismo, que se sustenta en una gran reconciliación nacional para asentar la paz y apostar por la democracia.

Al intento de revivir la España de los bandos se le añade el desprecio a las víctimas de ETA y el blanqueamiento de sus socios políticos, una imposición de Bildu que enlaza con la exigencia pública de Otegi: respaldará a Sánchez en todo si, a cambio, da una salida a los presos terroristas.

Con el jefe de ETA

El Gobierno aprueba así una ley del agrado de Bildu, una coalición de partidos dominada por Sortu, heredera directa de Batasuna con el último jefe de ETA, David Pla, en su dirección, lo que añade un grado más de indignidad en un partido, el PSOE, definitivamente irreconocible.

Y lo hace en el sentido opuesto a las indicaciones de Europa: mientras Bruselas considera a ETA autora de crímenes de lesa humanidad y reclama que se resuelvan los 379 asesinatos pendientes de juicio; el Gobierno de Sánchez impulsa una ley que blanquea la historia del terrorismo y minimiza la Transición para dar un salto en el tiempo hasta 1936 y aquella España terrible que culminó con una Guerra Civil entre hermanos.