Asalto a la Justicia de nuevo con Dolores Delgado
El nombramiento a dedo de Dolores Delgado como Fiscal Togada del Tribunal Supremo es un hito más en el inquietante asalto de Sánchez al Poder Judicial.
Dolores ha logrado convertirse en Fiscal Togada del Tribunal Supremo, en contra de la opinión de sus propios compañeros de carrera, gracias a la designación a dedo de su sucesor en la Fiscalía General del Estado, promocionado a su vez por el Gobierno.
Es el enésimo episodio del descarado asalto del Gobierno al Poder Judicial, que comenzó con la Abogacía del Estado, prosiguió con la propia Fiscalía General y terminará, si nada lo evita, con el Tribunal Constitucional y el mismísimo Consejo General.
Todo ello pone en solfa la separación de poderes, que es el sustento de la misma democracia: si cada uno de ellos no funciona con autonomía e independencia, ejerciendo cada uno de contrapeso del otro, lo que acaba deteriorándose en el Estado de Derecho: si la Justicia se subordina al Ejecutivo, desaparece sin más uno de los pilares constitucionales más necesarios.
O Bruselas activa sus mecanismos de protección de la calidad democrática de España o será cómplice de un abuso que ya está a punto de completarse
Y a estas alturas no se puede negar que ése es el objetivo de Sánchez: se ha negado a pactar nada con el PP, ha cambiado leyes a su antojo para acomodar el funcionamiento del CGPJ a sus intereses, ha despreciado las reformas que aumenten la participación de los magistrados e incluso ha ninguneado las advertencias de la Comisión Europea al respecto de todo ello, respaldadas por la práctica de jueces, fiscales y abogados.
En ese sentido, conviene recalcarle a Europa su papel en la defensa de la separación de poderes, que ha protegido en países como Hungría o Polonia donde también se ha puesto en solfa: no tiene sentido que mire para otro lado o que se limite a leves tirones de oreja, sin consecuencias concretas.
O Bruselas activa sus mecanismos de protección de la calidad democrática de España, que le facultan incluso para suspender las transferencias económicas de los Fondos Next Generation, o será cómplice por omisión de un abuso que ya está a punto de completarse.