Contra el antisemitismo pagado con nuestro dinero

Hace unos días se aprobó en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la propuesta de ley emanada, a propuesta del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de la Asamblea de Madrid, que pretende luchar contra el antisemitismo. Nadie, salvo Podemos, votó en contra de que las organizaciones que se dedican a propagar el odio hacia el judío puedan recibir fondos públicos, como sucede hasta ahora.

Esta propuesta de ley no es en absoluto caprichosa. La mayoría de las sinagogas europeas están rodeadas de cordones de seguridad; los atentados se multiplican. El informe “Experiencias y percepciones de antisemitismo” de la Agencia de la Unión Europea para Derechos Fundamentales señala que más del 30% de los judíos que residen en países como Bélgica, Alemania, Holanda, Suecia, Reino Unido, Hungría, Italia, Polonia, España, Dinamarca y Austria no se sienten seguros y barajan la posibilidad de emigrar.

En nuestro país los tribunales de Justicia han tumbado hasta en 85 ocasiones mociones presentadas en plenos municipales mediante las cuales se insta a prohibir la contratación de cualquier empresa, producto, entidad y organización que sea israelí o que tenga relación con el pueblo judío. Como pasaba con los espacios “Judenfrei” de la Alemania nacional socialista. Sirva como ejemplo lo sucedido en Molins del Rey, en donde el partido de la selección israelí de waterpolo contra la nuestra no pudo celebrarse por presiones de la CUP y la organización BDS Cataluña. Tuvieron que trasladar el partido a Barcelona, tras negarse el municipio de Molins del Rey a ceder sus piscinas municipales.

Estas repugnantes mociones, que nos retrotraen a los totalitarismos del pasado siglo, se llaman ELAI. Las promociona un movimiento llamado BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) de claro sesgo judeófobo. El Tribunal Supremo acaba de ratificar la nulidad de estas mociones, incompatibles con una sociedad libre, en una histórica sentencia.

La demonización deshumanizante, la cosificación colectivista contenida en las iniciativas de exclusión de Israel, de sus empresas y ciudadanos de actividades en nuestra sociedad, busca criminalizar de modo generalizado al judío colectivo y al único Estado judío. Como hacía con los judíos el programa del NDSAP de Hitler al proclamar en 1920 que “solo un camarada nacional puede ser ciudadano. Solo alguien con sangre alemana, sin importar su religión, puede ser ciudadano. Por lo tanto, ningún judío puede ser ciudadano”. Este principio político fue acompañado de propaganda antisemita que incitaba al odio y que culminó en las leyes raciales de Nuremberg y los campos de exterminio en la llamada “Solución final”. 900.000 judíos fueron asesinados en Auschwitz. Otros cinco millones murieron en los campos de exterminio.

El antisemitismo es, según la definición adoptada, una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos.

El parlamento europeo aprobó en junio de 2017 su primera resolución contra el antisemitismo, animando a los diputados de parlamentos nacionales y regionales, así como a los líderes políticos a “reaccionar frente a todas las formas y todas las manifestaciones de antisemitismo”. La ONU, por su parte, señaló en septiembre de 2019 al movimiento BDS como una forma de antisemitismo moderno. Y es que el antisemitismo es un problema histórico, anterior al nacional socialismo, que solo fue una de sus manifestaciones.

En 2016 el gobierno de España suscribió la definición práctica de antisemitismo, suscrita por 31 naciones, propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El antisemitismo es, según la definición adoptada, una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. En este sentido, las manifestaciones de antisemitismo pueden incluir ataques contra Israel cuando esta nación sea concebida como una colectividad judía. Que no es lo mismo que criticar al gobierno de Israel, cosa que hacen no pocos judíos.

Por otra parte, a nadie se le puede escapar que la lucha contra este este odio merece, por motivos históricos que sobra explicar, un reconocimiento explícito. Es lo que pretende la propuesta de ley que ahora comenzará a tramitarse en el Congreso de los Diputados. Una proposición que defiende la libertad y no pretende, en contra de lo que se asegura desde posiciones extremistas, atacarla. Todo lo contrario. La idea es que quien quiera propagar el odio al judío lo haga con su dinero.

En este sentido, no tiene sentido introducir en la misma otras cuestiones, todas ellas seguro que deleznables, como parecen querer hacer algunas formaciones políticas. La propia declaración de la Alianza para la Memoria del Holocausto habla de no desvirtuar el Holocausto. No caigamos en ello. Cada cosa en su sitio y la política del “patatas traigo” al diván del terapeuta.