La "okupación" sí es un problema y se debe remediar con urgencia

El PSOE acaba de impulsar un cambio legislativo que, sobre el papel, facilitaría a los jueces el desalojo de las viviendas okupadas en un plazo de 48 horas, lo que sin duda significaría un cambio tanto en la posición del Gobierno cuanto en la eficacia de la acción judicial.

Pero es un parche, en realidad, de cuestionables consecuencias: solo serviría para atender tres de cada diez casos de utilización de una propiedad privada ajena, en concreto aquellos tipificados en el epígrafe de "allanamiento de morada", conocido popularmente con el sobrenombre de "patada en la puerta".

Para el resto de casos, la dificultad para reponer la legalidad seguirá siendo inmensa, por mucho que determinados políticos y algunos de sus apoyos sociales o mediáticos le resten importancia: sean de quienes sean las viviendas, incluso si lo son de un banco, de una empresa, de un fondo de inversiones o de un potentado; el asalto a la propiedad privada no se puede tolerar.

Tampoco cuando los okupantes necesiten de verdad un techo por su situación de vulnerabilidad, que debe ser atendida por la Administración, sin trasladársela a un tercero: la seguridad jurídica, así como la propiedad privada, son condiciones definitorias de una democracia, y no existe circunstancia que justifique su degradación.

Desalojos sin excepciones

El PP, como Cs o VOX, han sido más explícitos en este asunto: la "desokupación" debe ser rauda en todo momento, con una acción policial que no necesite de autorización judicial y se active al examinar la propiedad real y los contratos que pesen sobre ella; sin menoscabo de que los necesitados encuentren una alternativa pública.

El Gobierno, por contra, ha alimentado el fenómeno, promulgando excepciones como la "okupación legítima" durante la pandemia si se ejecuta sin violencia o leyes autonómicas que, como la de Baleares, incluso defendían la expropiación a los grandes propietarios.

Pretender solventar el problema de la vivienda en España cargándole la responsabilidad a los propietarios, en lugar de a los poderes públicos, es impropio de un Estado de Derecho occidental. Y obligar a la víctima, sea quien sea, a padecer largos procesos judiciales mientras su "okupa" toma posesión de su inmueble, una desgracia para el conjunto de la sociedad. El parche socialista palía un poco este bochorno, pero está muy lejos de remediarlo.