Sánchez prefiere a Junqueras y a Otegi que a Feijóo y a España

Pedro Sánchez ha roto casi de manera irreversible la posibilidad de renovar el Poder Judicial, al intentar hacerlo compatible con una medida lamentable que en realidad lo maniata: rebajar el delito de sedición para que sus socios independentistas puedan volver a la actividad política de inmediato y, además, obtengan impunidad si vuelven a intentar desafiar al Estado.

La negligencia del presidente solo es superada por su desparpajo para tender una trampa a todos e intentar hacerles ver que puede consensuar con cada uno de ellos medidas incompatibles entre sí. No se puede reformar el Código Penal para abaratar los Golpes de Estado y, a la vez, garantizar la independencia judicial.

En ese sentido, Feijóo acierta al suspender las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que estaban en el último tramo: nadie hubiera entendido que el líder del PP blanqueara a un presidente que ataca a la separación de poderes, utiliza el suyo para saltárselos todos y somete la justicia a sus intereses personales, casi siempre antagónicos o contrarios a los de España.

Frenar a Sánchez

Los estragos generados por Sánchez en el Estado de Derecho son formidables ya y tendrán consecuencias a futuro, y precisamente por ello no tiene sentido amplificarlos. Y menos en un asunto tan delicado como la cohesión territorial y la unidad del país, amenazadas por el separatismo pero también, y ésta es la gran novedad, por el propio Gobierno.

Porque a nadie se le escapa que depreciar la sedición es una invitación, firmada por Sánchez, a volver a las andadas, con la sensación de que el precio legal a pagar será inexistente o ínfimo. Que todo un presidente se dedique a facilitar el desafío de los enemigos de la Constitución lo dice todo de él, de sus principios y de sus objetivos. Intentar evitarlo es ya un asunto de Estado.