La ley de vivienda y la patada en la puerta: a qué se enfrentan los propietarios
Sánchez ha establecido un plan B: si los dueños no ofertan las viviendas, se autoriza al que necesite un piso a dar una patada en la puerta y entrar a vivir en ella, amparados por la ley.
Un hombre grita en las inmediaciones donde se está produciendo el desalojo de una nave industrial okupada en Badalona.
Se aprueba una nueva Ley de vivienda que el gobierno Frankenstein celebra como otro más de sus logros y que es tan buena para activar el mercado inmobiliario como la Ley del “sí es sí” para proteger a las mujeres. Con esta norma, lo que en definitiva hace el Estado es reconocer su incapacidad absoluta para solucionar el problema del acceso a la vivienda y trasladarlo a los propietarios que tengan inmuebles disponibles para alquilar o para su uso como segunda residencia. Los medios de propaganda del gobierno se han apresurado a llenar sus páginas con alabanzas a esta ley que, según ellos, va a facilitar mucho la vida a los que buscan una casa para alquilar.
Supuestamente las limitaciones establecidas en el precio, van a significar una gran ayuda para los arrendatarios que podrán alquilar pisos baratos o impedir que les suban la renta del piso donde viven. En realidad, los propietarios, ante estas medidas reaccionarán como ya ha ocurrido en otros sitios en los que se ha intervenido el mercado de alquiler, retirando su inmueble, con lo cual habrá menos viviendas en oferta y será mucho más difícil encontrar piso.
Esto lo saben muy bien Sánchez y sus secuaces, por eso han establecido un plan B. Si los dueños no ofertan las viviendas, se autoriza a todo aquel que necesite un piso, a dar una patada en la puerta de cualquier casa y entrar a vivir en ella, amparados por la Ley.
Los okupas, favorecidos por la ley
Una vez que el ocupa esté dentro, la normativa impide por todos los medios su expulsión. Llega hasta el extremo de que sea el propietario quién tenga que probar si él okupa es una persona vulnerable, además, se le encarga a la Administración autonómica el trámite de verificación y requiriendo el acuerdo del ocupa. La realidad es que será imposible recuperar el inmueble, con lo que se establece una expropiación de hecho, para fines sociales y así el gobierno se ahorra el molesto procedimiento de construir viviendas.
Evidentemente, existen alternativas viables para solucionar el problema de la vivienda sin expoliar a los actuales propietarios, pero el gobierno no ha adoptado ninguna. Sería por ejemplo más eficaz, reformar la Ley del suelo de forma que aumente el disponible para construcción, reducir los trámites y los plazos, de manera que aumente la oferta para que bajen los precios. También se puede apoyar a los Ayuntamientos para que amplíen el parque de vivienda social y atiendan los casos de exclusión mediante alquiler social con o sin opción de compra.
Se puede establecer una línea de avales a cargo de la Administración para facilitar el acceso a compra o alquiler y para la emancipación de los jóvenes se puede incluso llegar a plantear alguna subvención para casos bien delimitados. Existen muchas soluciones, pero expropiar de modo silencioso a los propietarios de inmuebles, protegiendo a los usurpadores de vivienda ajena, no parece el mejor camino para crear un mercado inmobiliario más atractivo.
