La rendición del Estado
Es la hora de la sociedad civil que debe volver a ser protagonista en nuestra democracia rechazando que nuestro futuro se escriba en una mesa en la que solo se sienten Sánchez y Puigdemont
El acuerdo Sánchez-Puigdemont dinamita el Estado de Derecho
Muchos somos los que pensábamos que la negociación entre Sánchez y Puigdemont, a parte de oscura, era muy peligrosa para el Estado de Derecho, pero el comunicado suscrito por el PSOE y Junts es peor de lo que podíamos prever. A parte de reconocer que Cataluña va a tener un trato diferenciado del resto de comunidades autónomas, aunque seguramente también alcanzará el acuerdo al País Vasco, es inaudito comprobar que un Estado europeo democrático y soberano haya aceptado la existencia de un verificador externo que certifique el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Pero lo más grave es que en el acuerdo entre Sánchez y Puigdemont se reconoce que en España existen casos de 'Lawfare', que supone admitir que la Justicia española utiliza la ley de forma abusiva para lograr fines políticos y perseguir a ciudadanos por las ideas, haciendo que olvidemos que los que han sido condenados y están siendo investigados lo son por delitos tan graves como tenencia de explosivos, terrorismo, robo de dinero público, etcétera. Esta barbaridad la ha firmado Sánchez, que pretende ser investido en base a esta aberración.
Amenazar a la Justicia
El acuerdo supone la humillación del Estado de Derecho y del Poder Judicial, ya que se afirma que se constituirán comisiones de investigación que tendrán como objeto determinar si ha habido situaciones en la que los jueces han actuado por razones políticas con "las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad".
Este acuerdo supone amenazar a los jueces españoles con que pueden ser investigados, procesados y condenados si el PSOE y Junts consideran que son desafectos al régimen. Los jueces van a poder ser investigados y acusados por aquellos que han sido amnistiados por cometer graves delitos, estamos ante la llamada 'justicia popular' de tan terrible recuerdo tanto en la España como en la Europa de los años treinta del pasado siglo.
Habrán comisiones de investigación que se convertirán en tribunales populares, donde pasarán los jueces para recibir su condena y así expulsar de la carrera a cualquier 'desafecto' al nuevo régimen que ha nacido en Bruselas. Es el mayor ataque al Estado de Derecho que se ha producido en Europa desde que cayeron las dictaduras fascistas y comunistas, y es necesario que los ciudadanos estemos advertidos que nuestras libertades se van a ver comprometidas por el derrumbe de un Poder Judicial independiente.
Reconocer que ha existido en España casos de Justicia politizada, la denominada 'lawfare', va a causar un daño tremendo a la credibilidad de nuestro país tanto interna como externamente, y esa política de tierra quemada judicial ha de ser combatida por todos los ciudadanos que creemos en la división de poderes y que no tragamos con pactos realizados en el extranjero para mas humillación de la ciudadanía española.
La democracia española deja de tener su sede en el Parlamento, porque cualquier decisión se tomará en una mesa ajena a la transparencia democrática, en ella se decidirán las leyes que se pueden aprobar, los jueces que serás depurados, los delincuentes que serán perdonados y donde se invertirá el dinero de los presupuestos. Ya se encargarán que no haya una Justicia que frene la arbitrariedad porque los jueces que se atrevan serán acusados de 'lawfare' y por tanto investigados en comisiones creadas 'Ad Hoc'.
Los españoles no podemos consentir la destrucción del Poder Judicial tal como lo conocemos hasta ahora, porque es nuestra única garantía de defensa frente a la arbitrariedad , no podemos aceptar que se eliminen los controles porque sería aceptar que los españoles somos desiguales y eso es sumamente injusto.
Nunca como ahora es tan necesario que la sociedad civil utilice todos los medios legales que sean necesarios para frenar esta deriva autoritaria firmada en Bruselas. Nunca como hasta ahora hemos de proteger a nuestros jueces y fiscales denunciando el ataque contra la división de poderes que Sánchez ha protagonizado. Sin duda es la hora de la sociedad civil que debe volver a ser protagonista en nuestra democracia rechazando que nuestro futuro se escriba en una mesa en la que únicamente se sienten Sánchez y Puigdemont.