Pedro Sánchez firma un golpe al Estado de Derecho con apariencia de legalidad
El PSOE va a usar el Congreso y el TC para barnizar de decisión democrática una aberración como que el Estado borre los delitos de unos delincuentes a cambio de mantener el poder.
Vista del la pintura de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, dándose un beso en el mural del artista urbano TVBoy en Barcelona
Pedro Sánchez y el prófugo Carles Puigdemont ya se han puesto de acuerdo en beneficiarse mutuamente: uno será investido presidente del Gobierno y el otro recibirá una ley de amnistía que le exonera a él y a sus compinches de sus delitos y reconoce que el Estado español actuó de manera ilegal tanto policial como judicialmente contra los separatistas.
Es difícil encontrar un caso de corrupción política y degradación moral mayor que este en el que incurre Pedro Sánchez, arrastrando tras de sí en esta humillación a su partido, el PSOE, y lo que es peor, a toda España.
Sánchez es consciente que la ley de amnistía es inconstitucional. Así lo afirmó él mismo en múltiples ocasiones antes de necesitar los votos de Puigdemont. También muchos miembros de su Consejo de Ministros aseguraron con rotundidad lo mismo, incluido alguno que hoy está sentado como magistrado en el Tribunal Constitucional.
Ahora lo niegan con un cinismo insuperable. Y lo hacen porque saben que pueden darle una apariencia de legalidad, que es el peor de los engaños. La ley de amnistía va a contar con mayoría absoluta en el Congreso, lo que será utilizado como un aval democrático: si lo aprueban los representantes del pueblo es legal y nadie debe oponerse a la voluntad de la mayoría de los españoles.
El TC 'sanchista' puede dar la puntilla al Estado de Derecho
Es evidente que la ley llegará al Tribunal Constitucional más pronto que tarde. Y aquí tenemos la segunda trampa. Sánchez se ha encargado en el pasado reciente de hacerse con el control de ese órgano sin disimulo y con decisiones inéditas y democráticamente cuestionables, como nombrar magistrados a un ex ministro de Justicia de su Gobierno y a una ex alto cargo en Moncloa.
Es decir, tenemos un TC muy proclive al Gobierno y con unas amplísimas tragaderas que probablemente dará luz verde a la ley de amnistía pactada para mayor gloria de Sánchez y Puigdemont. Tendremos en ese momento una ley de amnistía aparentemente legal y constitucional, con todas las bendiciones supuestamente democráticas, pero será una farsa, una engañifla.
Ante esa apariencia de legalidad acierta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando dice que “nos han colado una dictadura por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella”. Es lo que hace la izquierda en otras latitudes, utilizar las leyes para acabar con la Constitución. Es duro decirlo y mucho más admitirlo para los socialistas que aún respaldan a Sánchez, pero es la realidad. Así de cruda y así de peligrosa.