¿Podrá Europa frenar a Pedro Sánchez y su ley de amnistía?
La Justicia europea es el último bastión que puede evitar la ley de amnistía de Sánchez y Puigdemont. Desde Bruselas ya han avisado en varias ocasiones que está bajo su lupa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la reunión informal de Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea en Granada.
Este pasado miércoles, el Parlamento Europeo analizaba el grado de cumplimiento que se da en España respecto al Estado de Derecho, como consecuencia del pacto de Goberno que ha firmado el actual Presidente del Gobierno Pedro Sánchez con el prófugo de la Justicia y líder del independentismo catalán Carles Puigdemont.
La causa de este pleno en la Cámara Legislativa Europea tiene su origen en la preocupación que supone para las instituciones los fundamentos de esa Ley de Amnistía que ha empezado a tramitar el gobierno español en las Cortes Generales. Allí las actuaciones judiciales pueden ser analizadas en sendas comisiones de investigación que tendrían lugar en el Congreso de los Diputados, en las que podrían castigarse a los jueces por su trabajo y ser eliminadas de facto desde la política. Esto supondría un control desde la política hacia la judicatura, lo que destruye sin lugar a dudas la independencia del tercer poder del Estado, el Judicial.
Además todas las entidades corporativas del derecho y de la judicatura consideran que el principio de la independencia de los jueces y magistrados queda cercenado porque, desde el poder ejecutivo, quiere ejercerse un control absoluto de sus funciones. Una situación que llega hasta el punto de que sus órganos de control, que deberían de contar con los representantes elegidos por los propios jueces, están dominados por los representantes de partidos, sin solución de continuidad y politizando modos y formas de la carrera judicial.
Por otro lado esta ley de Amnistía que ha iniciado su camino en los trámites parlamentarios del Congreso tiene como fin eliminar los delitos y actos judiciales llevados a cabo como consecuencia de lo sucedido el 1 de Octubre de 2017. Por ello tanto los juicios como las condenas establecidas por los tribunales, a pesar de estar en vigor los delitos señalados en las sentencias, quedarían sin efecto, como si los tribunales implicados hubieran tomado decisiones injustas.
España, la cuarta economía europea, una nación que puede considerarse democrática de momento pero que camina de manera veloz hacia una autarquía, ¿puede permitirse ver cuestionada su democracia porque un presidente del gobierno compre siete votos para mantenerse en el poder?
Evidentemente no, pero lo cierto es que el actual gobierno, ha recurrido para gobernar a un fugado de la Justicia que no sabemos si es eurodiputado de manera legal o no; del que existen sospechas de su colaboración con Putin en sus actuaciones en Cataluña y que, curioso, ahora sus compañeros de aventuras desde la Generalitat están investigando si Puigdemont se está financiando de una herencia de 500 millones de euros de un empresario catalán.
¿Cabe mayor vergüenza para un país y una sociedad a la que no se ha contado la verdad respecto a que decisiones se iban a tomar desde un gobierno a la hora de gobernar con sus socios de gobierno?
La verdad es que España está avergonzada de su nuevo gobierno, Europa está preocupada y la sociedad protesta en la calle desesperada porque nadie le da soluciones a parar los actos de este gobierno. Europa debe ser parte de la solución, pero la democracia puede verse resentida en España en favor de una autocracia, si la sociedad no toma una clara conciencia de lo que pasa.
