¿Se inicia una guerra entre poderes del Estado por culpa de la ley de amnistía?

En apenas una semana y dadas las decisiones que viene adoptando Pedro Sánchez y el grupo político que le sustenta, en donde prevalecen los intereses de mantenerse en el poder a los intereses del Estado, todo parece indicar que se está iniciando una guerra institucional entre dos de los tres poderes que conforman la democracia española.

Mientras se iban conociendo a cuenta gotas los detalles de los acuerdos del presidente socialista con sus socios de gobierno, en donde se ha acordado propiciar una posible amnistía a los que participaron en los acontecimientos del 1 de Octubre, casi todos los órganos del mundo judicial la ponen en cuestión con el contundente argumento de que “cuando se desactiva la ley para algunos, la sociedad se presenta en la duda y el privilegio”.

Junto con esto, existe un elemento a tener en cuenta como es el hecho de que la anulación del delito deja en jaque a quienes han investigado, juzgado y condenado a los infractores. De esa manera puede pensarse que las decisiones judiciales han sido injustas y que únicamente se han adoptado desde la persecución política, cuando la realidad nos dice que en el momento de sucederse los juicios y las condenas, los delitos juzgados estaban en el Código Penal.

Por otro lado, no hay que olvidar que si bien la ley exige la renovación del CGPJ cada cinco años -con un acuerdo de 2/3 de la Cámara Legislativa- nadie exige a quienes tienen que tomar el acuerdo de renovación un periodo de tiempo determinado para la misma, razón por la que si está entre las condiciones que en esta renovación sean los jueces quienes elijan a sus representantes, no se conculca nada que no estuviera en vigor y se practicara hasta 1985. Lo que en sí mismo resulta anómalo porque el órgano que rige a los jueces ve limitadas sus competencias por no producirse esta renovación.

Además, en esta semana la ex ministra y fiscal Dolores Delgado ha visto como su nombramiento ha quedado anulado por el Tribunal Supremo. También como el fiscal general del estado, que nombra el gobierno, ha sido considerado inadecuado por el CGPJ y que para remate, la Presidenta del Consejo de Estado, órgano consultivo y asesor, recibe también la anulación de su nombramiento dado que” no cumple el requisito de jurista de reconocido prestigio que exige la ley orgánica que regula la institución” .

Todos estos hechos acumulados indican que el tercer poder de nuestra democracia, ha empezado a defenderse de las decisiones que está tomando el poder ejecutivo, basándose en una legitimidad de mayoría parlamentaria, que no implica dejar de respetar la ley, puesto que existen mecanismos para su reforma, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución.

Este enfrentamiento de dos de los tres poderes del estado, en principio no es bueno para la democracia. A pesar de ello esto en realidad es hacer que lo establecido por la ley prevalezca a los intereses políticos de un partido y de un Presidente del Gobierno que necesita un verificador que de el visto bueno a unos acuerdos entre partidos, fuera del territorio nacional y en donde se deja de lado la importancia de que un modo de gobierno de un país esté verificado y tutelado por un supuesto mediador que ni se sabe quién es, a qué intereses responde y que legitimidad tiene.