El PP quiere rearmar al Estado frente a los separatistas

El PP presentó este miércoles en el Congreso una enmienda a la totalidad de la ley de amnistía con un texto alternativo consistente en un solo artículo que prevé la tipificación de un nuevo delito, el de deslealtad constitucional. La pena podría llegar a ser de disolución del partido o entidad que, por ejemplo, convoque un referéndum de independencia.

Este texto del PP supone un intento de rearmar al Estado frente a posibles intentonas golpistas después de que el PSOE lo haya dejado prácticamente indefenso con sucesivas actuaciones en ese sentido.

Es preciso poner el acento en que lo que quiere castigar el PP no son las ideas sino los actos. Esta diferencia es sustancial

El presidente José María Aznar, del PP, aprobó una ley que tipificaba como delito la organización y celebración de un referéndum o consulta de independencia. Se diseñó para frenar el llamado Plan Ibarretxe, una intentona del entonces lehendakari de preparar una consulta de autodeterminación en el País Vasco.

Pero luego llegó el PSOE y en dos fases dejó al Estado prácticamente indefenso ante la hipotética celebración de un nuevo referéndum como el del 1 de octubre. Primero fue José Luis Rodríguez Zapatero el que suprimió ese delito específico y después ha sido Pedro Sánchez el que ha derogado el delito de sedición, por el que fueron condenados los políticos catalanes del procés, y el que ha acabado pactando con ellos una ley de amnistía que borra cualquier ilegalidad cometida entonces.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Pere Aragonés saben que volver a convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña no tendría prácticamente ningún reproche penal. Y lo peor de todo es que se pasan la vida amenazando con repetirlo, prometiendo que lo volverán a hacer.

Ante eso sólo caben dos opciones contrapuestas: ceder ante sus aspiraciones inconstitucionales y dar por muerta la Carta Magna o legislar para volver a castigar con dureza cualquier ataque de esa envergadura a los pilares del Estado. El PSOE de Sánchez ha optado por la primera vía y el PP de Feijóo ha elegido la segunda. De ahí ese texto registrado en el Congreso que permite, en los casos más graves, llegar a ilegalizar a partidos políticos que actúen contra la Constitución.

Es preciso poner el acento en que lo que quiere castigar el PP no son las ideas sino los actos. Esta diferencia es sustancial. Pensar en robar un banco no es delito. Ejecutar el robo, sí. Desear la independencia, defenderla verbalmente e incluso hacer apología de ella no es ni va a ser delito en España. Organizar un referéndum al margen de la ley, comprar urnas y malversar dinero público en ese empeño sí sería una deslealtad castigada incluso con la ilegalización de los promotores.