El 7-4, el seguro de vida de Sánchez para salvar la legislatura

La amnistía es inconstitucional. Lo dicen los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso; todas las asociaciones de jueces excepto una; todas las de fiscales menos la ‘progresista’; muchos Colegios de Abogados de toda España; una ingente cantidad de juristas que han dado a conocer su opinión, e incluso el propio Pedro Sánchez y sus ministros hasta el 23J, cuando cambió de opinión, casualmente en el momento en el que necesitaba siete votos para seguir en el poder.

El debate jurídico, aunque existe, es limitado. E incluso la mayoría de los que dicen que no es inconstitucional reconocen que el asunto admite un debate jurídico, que no es tan evidente que pueda encajar en la Constitución, aunque ellos se inclinen por el sí.

Es decir, los juristas de toda índole, de forma muy mayoritaria, rechazan la ley de amnistía, pero a Sánchez le da igual porque tiene su as en la manga, una combinación numérica, 7-4, que resulta mágica y que le soluciona siempre en última instancia sus problemas. Tanto es así que ni siquiera le ha preocupado en exceso incluir en la ley los casos de terrorismo con sentencia incluso, siempre que no sean delitos de secuestro o asesinato.

Es evidente que ese 7-4 es la composición del Tribunal Constitucional: 7 magistrados de los llamados progresistas y 4 encasillados en el sector conservador. Pero lo peor no es admitir esa composición por bloques, sino que ellos mismos se empeñan en demostrar que es correcta. En la inmensa mayoría de los casos polémicos, por no decir todos, se repite ese mismo resultado en las votaciones sobre una ley o una sentencia: 7-4. Es como jugar con dados trucados.

El Tribunal Constitucional acaba de salvar a Otegi con una votación 7-4, la misma que se ha producido en el caso del ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Los dos casos contra el criterio del Supremo y a favor del criterio del Gobierno

Desde luego que esa repetición sistemática del mismo resultado abunda en el desprestigio de este Tribunal Constitucional en el que Sánchez, de manera inédita, ha colocado a un ex ministro de Justicia de su Gobierno, José Manuel Campo, y a una ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez. Por no hablar del presidente, Cándido Conde Pumpido, partidario de “manchar la toga con el polvo del camino”, es decir, de adecuar las sentencias a las necesidades políticas de cada momento, sobre todo si en ese momento gobiernan los socialistas, claro.

Con ese as en la manga o, quizás mejor, con ese seguro a todo riesgo que el propio Sánchez se ha encargado de diseñar, se garantiza que cualquier dislate constitucional se convierta en algo aparentemente legal. Eso es muy probable que ocurra con la ley de amnistía. Siete señores van a llevar la contraria al consenso muy mayoritario de los juristas y van a decir, cuando toque, que es perfectamente constitucional borrar los delitos de unos políticos de los que, casualmente, depende la supervivencia de Sánchez en el poder.

Sánchez consigue la apariencia de legalidad

Esa apariencia de legalidad que va a imprimir Sánchez y el Tribunal Constitucional a la ley de amnistía no va a conseguir sin embargo que se borre la enorme inmoralidad que supone. Esa ley, por mucho que Conde Pumpido y sus chicos le den la bendición, es una muestra de corrupción política como nunca habíamos visto hasta ahora. Sánchez ha pactado con los amnistiados la ley a cambio de seguir en el poder. Borra los delitos de unos delincuentes porque le interesa a él y solo a él.

Esa es la realidad de esta legislatura que nace en una investidura con las raíces podridas. De un árbol con las raíces putrefactas solo se pueden esperar frutos igualmente corrompidos: cesión de la inmigración a Cataluña; financiación propia para Cataluña con un ‘cupo’ al estilo vasco, e incluso un referéndum de autodeterminación que ahora a algunos les parece tan imposible como les parecía hace nada la amnistía.