El Gobierno y sus socios acosan a los jueces: ataque a la democracia

En las últimas semanas asistimos a un inédito acoso y derribo a los jueces incómodos para los intereses políticos de Pedro Sánchez, Carles Puigdemont y compañía. Son ataques que proceden de los partidos separatistas, con especial saña desde Junts, pero también, y esto es lo más preocupante, desde el propio Gobierno.

El presidente del Gobierno ha sido el primero en dar carta de naturaleza al lawfare, que no es otra cosa más que acusar a algunos jueces de prevaricar. Óscar Puente tres cuartos de lo mismo. Y Teresa Ribera recientemente ha ido un poco más allá al señalar con nombre y apellidos al juez Manuel García Castellón, acusándole sin tapujos de tomar decisiones procesales con el afán de interferir en determinados momentos políticos. Todo ello jaleado, amplificado y aplaudido por el habitual equipo mediático de opinión sincronizada.

Este martes en el Congreso, durante el debate sobre la ley de amnistía, asistimos a un auténtico vapuleo, con gravísimas acusaciones de las portavoces de Junts y ERC hacia los jueces García Castellón, Joaquín Aguirre, instructor de la trama rusa del procés, y Manuel Marchena, que condenó a los líderes separatistas catalanes en el Tribunal Supremo.

Lo hicieron con la absoluta pasividad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la misma que cortó el micrófono a Feijóo y llamó al orden a Abascal por acusar a Sánchez de dar un “golpe de Estado” con la ley de amnistía y su pacto con Junts.

Todos estos ataques a los jueces, encabezados por el Gobierno, suponen un ataque a la separación de poderes sin precedentes o, lo que es lo mismo, a la esencia del sistema democrático. Sánchez está jugando con fuego de una manera totalmente irresponsable. Nos enseña su lado más autoritario que trasluce un deseo de controlar todos los poderes desde el Ejecutivo.

Y todo ello ante los ojos del comisario de Justicia de la UE que acaba de sentarse como mediador entre el PSOE y el PP para hablar precisamente de los jueces y su independencia. Esperemos que esté tomando buena nota y, sobre todo, que intervenga al menos con alguna declaración que pare los pies al Gobierno. Hay mucho en juego.