El Gobierno no puede seguir así

El Gobierno de España ha puesto de manifiesto esta semana que pone más esfuerzo en proteger y trabajar por la impunidad de aquellos que tienen antecedentes penales, que en ayudar a los que cumplen las leyes o trabajan para que se cumplan las mismas en todo el territorio nacional.

Repasando los preocupantes hechos ocurridos en estos últimos días, se puede afirmar que hemos pasado de presenciar en directo cómo se abría una guerra en la Fiscalía a cuenta de la imputación de Puigdemont por delito de terrorismo, a ver cómo se despreciaban las protestas de nuestros agricultores llamándoles fascistas, y terminar la semana viendo en imágenes, con espanto, cómo dos guardias civiles eran asesinados con toda impunidad por narcotraficantes que actúan en las costas de Barbate. Estos tres hechos ponen de manifiesto que el Gobierno está llevando la gestión pública a un camino sin salida.

Ya en la legislatura pasada comprobamos cómo la lucha contra la delincuencia no era prioritaria para Sánchez, puesto que su continuidad en la Moncloa era lo único que motivaba las reformas legale. Así, se dejó de luchar contra la ocupación ilegal dictándose leyes que protegían a los okupas por encima de los propietarios. Igualmente se dejaron en libertad a violadores y pederastas rebajando las condenas a cientos de ellos. Se indultó a malversadores de dinero público y golpistas. Se derogó la política de dispersión penitenciaria de los condenados por terrorismo de ETA. Se eliminó el delito de sedición y el delito de piquetes violentos. Incluso se negó el PSOE a ampliar la ley de prisión permanente revisable y todo ello, para contentar a sus socios radicales de Podemos, ERC y Bildu.

En la presente legislatura se ha añadido un nuevo socio, Puigdemont y su partido, Junts, que también exige que se proteja a los que tienen antecedentes penales o pueden llegar a tenerlos, y para ello, Sánchez ha puesto en marcha la ley de amnistía con el único propósito de eliminar dichos antecedentes a cientos de investigados por desórdenes públicos, terrorismo y corrupción, consiguiendo a cambio, seguir en la Moncloa.

Una escena muy humillante para el Estado de Derecho la vimos este martes pasado cuando un fiscal del Tribunal Supremo cambió la calificación de terrorismo en la causa que investiga a Puigdemont y a “Tsunami Democrátic” tras reunirse con el Fiscal General del Estado, lo que provocó la reacción indignada del resto de fiscales. Este enfrentamiento en la Fiscalía del Tribunal Supremo es una muestra más de que no hay límites en el Fobierno para utilizar las instituciones en su beneficio, y lo más indignante es que Sánchez ya no disimula porque a su ya famosa frase "de quién depende la Fiscalía, pues eso", se añade la vertida en una entrevista televisiva que llegó a decir: "En Cataluña no hubo terrorismo y así se pronunciará la Justicia", y seguidamente se produjo el cambio de criterio en la Fiscalía.

Fascistas y asesinados sin medios

Esta suavidad con la que están siendo tratados los investigados por terrorismo y corrupción, ha contrastado esta semana con la dureza con la que han sido castigados nuestros agricultores en sus manifestaciones. Evidentemente no pueden tolerarse las alteraciones del orden público, pero lo que no es aceptable en democracia es que la vicepresidenta, María Jesús Montero, encabece la ola de insultos gubernamentales contra los agricultores, cuyas reclamaciones son totalmente justas, llamándoles fascistas y para el colmo de la indignidad se les ha acusado de ser empresarios y no trabajadores, burlándose de las manos encallecidas por el duro trabajo en el campo que estos exhibían.

Pero lo más doloroso ha ocurrido hace escasas horas. Es el asesinato de dos servidores públicos en la playa de Barbate tras ser asaltada la lancha en la que iban los narcotraficantes que se pasean impunemente por las mismas. Un tercer agente de la Benemérita ha quedado gravemente herido. La Guardia Civil ya va denunciando desde hace varios años la cada vez mayor impunidad de los delincuentes de la droga y la escasez de medios que el Ministerio del Interior ha dotado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para su represión. Para la vergüenza del gobierno, los Guardias Civiles asesinados iban en una zodiac pequeña y sus asesinos en una narcolancha de 14 metros.

Los ciudadanos en las concentraciones para denunciar los asesinatos han llegado a gritar “menos amnistía y más policía”, y dicho grito debe convertirse en un claro mensaje al gobierno, porque para la convivencia no es necesario amnistiar a los delincuentes, sino proteger a los ciudadanos que cumplen la ley y a aquellos que garantizan la convivencia. En definitiva, no podemos seguir así.