La Comisión de Venecia, la amnistía y el olor a la corrupción

¿Qué es la Comisión de Venecia? Quizás a más de uno le suene a agencia de viajes. Pues no, es un organismo dependiente del Consejo de Europa que ha enviado una delegación al Reino de España a investigar qué está pasando con la ley de amnistía. Siete expertos, cuatro hombres y tres mujeres, capitaneados por el holandés Martín Kujier, se han venido entrevistando a lo largo del mes de febrero de 2024 con las fuerzas vivas de nuestro país: desde representantes de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta destacados miembros de la sociedad civil.

No pensemos que ese Consejo sea algo ajeno a nuestros intereses, antes bien, es una prestigiosa organización creada en los años cuarenta del siglo XX y que reúne a la mayoría de las naciones del viejo continente en el propósito compartido de defender el Estado de Derecho. Precisamente entre las funciones de la Comisión de Venecia se cuenta la elaboración de estudios sobre las más variadas materias, entre ellas, el hipotético ataque a los principios jurídicos básicos de nuestro legado común europeo. Y esta ley de amnistía, pergeñada para favorecer a los secesionistas catalanes en pago por los votos de la investidura gubernamental, huele mal, a corrupción jurídica (fumus mali iuris).

Los efluvios de antijuridicidad han permeado nuestras fronteras hasta alcanzar el corazón de Europa, cuyos emisarios se preguntan por qué la actuación parlamentaria ha adoptado la forma de “proposición” en vez de “propuesta” legislativa. Según Francisco Aranda -portavoz del grupo que ha planteado la iniciativa- la finalidad no era otra que dejar bien claro que el protagonismo no correspondía al Consejo de Ministros, sino a las Cortes.

¿Nos lo creemos? Según los críticos lo que se pretendía en realidad era un atajo legal para eludir los informes del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, obligatorios para las propuestas de ley, pero no para las proposiciones. Con toda probabilidad, de resultado desfavorable, dicho sea de paso. Pues bien, aquí, en España, han logrado esquivarlos, pero en Europa es otra cosa, el asunto se les escapa de las manos. A petición del Senado, la Comisión de Venecia emitirá un dictamen sobre la ley de amnistía a mediados de este próximo mes de marzo. O sea, les cierran la puerta española a los informes, pero entran por la ventana europea.

Y no las tiene el Legislador todas consigo puesto que esta norma es sospechosa de atentar contra la igualdad, la independencia judicial, la tutela judicial efectiva y la separación de poderes. Es cierto que el juicio de la Comisión de Venecia no será vinculante, aunque un pronunciamiento adverso asestaría un golpe duro de encajar a la política de aproximación al separatismo catalán. Es más, proporcionaría argumentos en contra de la amnistía -eventualidad esta nada baladí- caso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), órgano jurisdiccional del Consejo de Europa, termine conociendo de su validez jurídica. Y aquí ya son palabras mayores, porque si la justicia europea falla que esta norma atenta contra los derechos humanos, tal como muchos juristas han advertido, el Estado español caería en la ilegalidad internacional. No es de extrañar que algunos estén nerviosos.

No es para menos porque en este maremágnum entra otro actor, a saber, la Unión Europea, estructura supranacional a la que España ha cedido parte de su soberanía y que, a diferencia del Consejo de Europa, constituye el embrión de una superpotencia mundial: los Estados Unidos de Europa. Esta otra entidad dispone también de un órgano jurisdiccional propio, el Tribunal de Justicia de la Unión de Europea (TJUE), entre cuyas facultades se encuentra incluso suspender cautelarmente la normativa antijurídica nacional.

No es una contingencia de laboratorio, ha ocurrido con otros países díscolos, y no cabe descartarlo en el nuestro dado que esta amnistía de origen venal parece coquetear con la impunidad del uso indebido de fondos públicos y del terrorismo, ilícitos estos ante los que las autoridades de la Unión son inflexibles en su compromiso de tolerancia cero.

Sea como fuere, ambos tribunales, el del Consejo (TEDH) y el de la Unión (TJUE), mantienen un diálogo de influencias recíprocas, del tal suerte que sus respectivas jurisprudencias se enriquecen entre sí. Por eso, el eco de la voz de los delegados de la Comisión de Venecia resonará muy lejos, y, por mucho que a algunos les apeteciese silenciarla, no tienen mordaza lo suficientemente grande como para acallar las altas instituciones europeas.

Según el ya citado Francisco Aranda, el Estado de Derecho está más fuerte, sin que la ley de amnistía suponga peligro alguno de fragmentación. Ojalá, pues a los responsables europeos les da igual cuántos votos necesite el actual Gobierno para mantenerse; no se taparán la nariz ante ningún producto normativo contaminado cuyo consumo jurídico acarree efectos nocivos para la salud democrática.

Jesús Manuel Villegas es magistrado y secretario general de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial