El ‘caso Koldo’ requiere explicaciones: el sanchismo bajo sospecha
Da la impresión de que sólo estamos viendo la punta del iceberg. Un problema añadido más para Pedro Sánchez del que no puede huir sin más y deben hablar luego Ábalos, Armengol y Torres
La detención de Koldo García Izaguirre, amigo y mano derecha del ex ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha destapado una trama de corrupción relacionada con la compra de material sanitario por la vía de urgencia durante la pandemia. Koldo presuntamente cobró mordidas de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, S.L a cambio de abrir puertas y facilitar contactos en organismos públicos como Adif y Correos y en administraciones como las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.
Baleares, liderada en aquellos momentos por la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, y Canarias, que tenía entonces al frente al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, adjudicaron a dedo contratos millonarios, más de 10 millones de euros, para la compra de mascarillas. Y lo hicieron a una empresa que no tenía experiencia en la materia y que en 2019 había facturado cero euros.
Gracias a una catarata de contratos, no solo con estas comunidades autónomas, sino también con empresas públicas como Adif y Correos y ministerios como el de Interior, pasó a facturar 53 millones. Con Koldo como intermediario y facilitador. Da la impresión de que sólo estamos viendo la punta del iceberg. Son imprescindibles explicaciones urgentes por parte de muchas personas. Desde luego Ábalos, pero también Armengol y Torres, entre otras.
De momento nadie las ha dado. Y el presidente del Gobierno, preguntado al respecto, ha salido por la tangente. En una bochornosa respuesta ha vuelto a poner el foco acusador sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de asuntos que no tienen nada que ver. Uno, el del hermano de Ayuso está archivado después de que la justicia no viera ningún indicio de delito. El otro, el ‘caso Koldo’, es precisamente fruto de una actuación judicial, de la fiscalía anticorrupción y la Guardia Civil, que ha desembocado en una veintena de detenciones. Uno es un particular que está limpio y tratar de mancharlo -otra vez- es una canallada. El otro era asesor de un ministro, fue consejero de una empresa pública y el juez y la fiscalía ven claros indicios de delito.
Un problema añadido más para Pedro Sánchez del que no puede huir sin más. Se necesitan explicaciones y, en su caso, asunción de responsabilidades políticas. En lugar de eso quizás opte por la vía habitual: acusar a los jueces de actuar por motivaciones e intereses políticos. Sería deseable que no optara por ese camino, pero ya le conocemos, es capaz de cualquier cosa.