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El entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, mantiene una conversación con Ximo Puig, durante el acto de presentación del ‘Plan 20.000 de Vivienda’ en 2020.

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F. García Bonet

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La operación contra Koldo García Izaguirre, mano derecha de Ábalos, detenido por la UCO del Guardia Civil desde el pasado martes, tiene como punto de partida un escrito presentado en 2022 en la Fiscalía Anticorrupción por Alfonso Serrano, portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid. Parece ser que comienza el cambio de tornas, con mayor o menor publicidad.

Solo la coincidencia irónica del destino hace que el mismo día que en Madrid Ábalos declara tranquilamente que “se sorprende de las imputaciones de su mano derecha”, parapetado tras la protección que le da el aforamiento por su condición de diputado del congreso, su otrora enemigo político Ximo Puig, se haya desprendido de la púrpura del aforamiento que como senador territorial le correspondía y como diputado autonómico mantuvo hasta dejar su escaño.

Su próximo y rentable destino parisino como embajador político, ajeno a la carrera diplomática, le desprotege y le expone a la competencia de los tribunales ordinarios. Grave error, no previsto ni por un confiado Puig ni por su pareja la jurista Gabriela Bravo, quien 'protegió' durante los años de gobierno al expresidente.

Y esto justo cuando se extienden las informaciones sobre los avances de la investigación que la fiscalía europea y la OLAF (Oficina europea de la lucha antifraude) llevan adelante tras la denuncia de similar procedencia, recibida por las subvenciones de fondos europeos concedidas por el gobierno de Ximo Puig, y desvelados recientemente tras el incomprensible reconocimiento público de los gestores de Power Electronics y la infantil corroboración del propio ex presidente Puig de su estrategia, para captar la planta de baterías de Sagunto.

Mako Mira, conocedora de la situación, estaría buscando su salida hacia la empresa privada antes de que comiencen las citaciones. Una decisión que se acelerará a este mes tras el reciente escándalo por el abuso de los medios públicos de emergencias protagonizado por ella al movilizar el helicóptero del 112 y los servicios del SAMU dirigidos por el socialista José María Ángel, para atender a una amiga suya por una fractura leve.