La economía andaluza, al alza: así sienta las bases para su despegue final

En la década de los 60, con la apertura de España al exterior y dejando atrás la etapa autárquica años más tarde con la entrada en Europa, se comenzó a vivir el proceso de terciarización de la economía andaluza, con la explosión del turismo y los servicios que llega hasta nuestros días. En estos años hay que hacer referencia a la política económica emprendida, al marcar de forma evidente la evolución de la región.

Desde el año 1982 -estrenando Parlamento y constituida en estado autonómico- nuestra economía ha estado influenciada por la política económica emprendida durante 40 años (1979 -2019) por el PSOE y desde 2019 por la que ha instaurado el Partido Popular en el Gobierno de la Junta desde ese año, en coalición la primera legislatura y con mayoría absoluta en la actual. Dos formas diferentes de abordar la economía.

Políticas económicas diferenciadas

La primera (la socialista) marcada por un intervencionismo fuerte sobre la misma, crecimiento elevado del sector público, alto endeudamiento de las cuentas públicas, aumento del gasto, nivel elevado de impuestos y escaso o nulo apoyo al sector productivo privado. Mientras la región recibía más de 100.000 millones de fondos europeos -equivalentes a dos terceras partes del PIB andaluz y casi tres presupuestos y medio del Gobierno regional- regando con dinero público las más distintas actividades, que en muchos casos resultaran improductivas.

Aumento del paro con elevados diferenciales con las cifras de España, estancamiento en el crecimiento de la renta per cápita de los ciudadanos o una acusada baja productividad de la economía que se alarga hasta nuestros días. Sin embargo, no todo tuvo ese carácter plano o menos positivo, en su haber las mejoras en sanidad, educación y asistencia social, donde se alcanzan niveles comparables con los países más desarrollados de la eurozona. Estos son factores importantes en el haber de su balanza, durante una larga etapa, fruto de un marcado predominio de las políticas sociales.

Todo ello frente a la política de liberalismo clásico que se implanta desde el 2019 con la llegada de los populares al Gobierno regional: impuestos bajos, reformas profundas y gastos limitados. Con una cirugía de urgencia en el adelgazamiento del sector público, intentando incrementar su eficacia a la vez que se elimina burocracia, algo en lo que se sigue incidiendo de forma contundente en estos días con una nueva normativa. También se da un hachazo a la red clientelar de empresas públicas, hasta pasar de 114 en el 2020 a las 43 actuales.

Nos adentramos ahora en la realidad actual, cuando llevamos año y medio de la presente Legislatura en la que el Partido Popular gobierna con mayoría y con libertad para aplicar su política económica en el ámbito regional. Años los que hay que añadir los cuatro anteriores en que gobernara en coalición, como ya indicábamos.

Un concepto de política económica que, de uno u otro signo, marca, como no podía ser de otra forma, la economía de una región, independientemente del corsé a que están sometidas ¿de forma igualitaria? por el Gobierno central de turno. Nuestra observación en este caso pretende estar llevada desde la más absoluta asepsia, como no debiera ser de otra forma.

Ante un nuevo modelo autonómico

El modelo actual por el que se ha apostado se viene basando en tres pilares: competitividad, internacionalización e innovación. Un modelo que pretende mantener los logros sociales, pero dando confianza o potenciando el emprendimiento y la inversión privada. Por los resultados hasta la fecha, es evidente que en el segundo objetivo se adicionan resultados positivos, sirva como destacado el superávit en la balanza comercial donde, después de Cataluña, la andaluza es la comunidad más exportadora, algo que podría resultar impensable, años atrás. Con un crecimiento en nuestro caso exponencial de las empresas exportadoras y con una diversificación de las fuentes, subsectores de los que provienen los productos exportados. Esto hace más estable y menos vulnerable a este sector que, sin embargo, sí es muy dependiente del entorno europeo al que mayormente se dirigen.

La competitividad, que no consiste en algo distinto de utilizar los recursos propios de la región de tal forma que funcionen al máximo rendimiento, entendiendo por tales no solo los aspectos técnicos o materiales, sino también humanos y de otro tipo, como comercial o de marketing. En nuestro caso influyendo en ella uno de nuestros principales hándicaps: el fraccionamiento del tejido empresarial donde más del 98% son pequeñas empresas y la práctica totalidad de ellas con menos de diez trabajadores, con bajo esfuerzo inversor, escasa o nula innovación, menor dotación de capital humano e ineficiencia del mercado laboral o problema de acceso al crédito (La Junta anuncia la creación de una empresa de garantía recíproca para apoyar a las empresas con avales que lo faciliten), con preponderancia de unos sectores como agricultura, turístico y servicios de menor valor añadido. Empresas que siguen creándose a un fortísimo ritmo del 11,5% en el pasado año, un total de 2031 más, liderando este crecimiento en España, por encima de Madrid (1.940) o Cataluña (1.788).

En el epígrafe innovación la inversión en I+D+i no llega en nuestro caso al 1%, mientras que España -otra comparación negativa con Europa- está también en un escaso 1,4%. La media europea se encuentra en 2,3%; Alemania destina más del 3%; Francia el 2,3%. Fuera del continente, potencias tecnológicas como Corea del Sur (4,8%), EEUU (3,4%) o Japón (3,3%). Esta inversión tiene una repercusión directa en la productividad de la economía y en la calidad de empleo. El problema del reducido esfuerzo innovador es más acusado en el caso del sector privado, tanto en Andalucía como en España.

El hándicap de la productividad

Lo anterior está ligado a nuestro mal más endémico: la baja productividad. Quizás el objetivo más dificultoso por la composición sectorial de nuestra estructura económica, basada en sectores como agricultura y servicios, con menos valor añadido y escaso nivel de eficiencia. Es la variable clave, porque a largo plazo incide de forma positiva en salarios, empleos, igualdad y bienestar. Es el mismo mal endémico que se da en España, que ocupa en el ranking sobre esta materia el puesto 36 dentro de los países de la OCDE.

En el caso Andaluz, nuestra productividad aun es menor que la nacional. Quizá por un crecimiento económico que se basó en una deficiente estructura sectorial, en el peso del sector turístico y agrícola -con menor aporte de valor añadido y de productividad- con niveles más bajos de capital físico y humano por trabajador y un menor y más deficiente uso de las nuevas tecnologías por empleado que, en comparación con España, llegó a ser cerca del 40% más bajo.

En la actualidad este parámetro no debe andar muy por encima de un 35%. Se está haciendo un esfuerzo importante en la buena dirección, aumentando el peso de nuestra industria. Además, con un componente tecnológico que incide poderosamente en su eficacia y ganancia de productividad. Los casos de Málaga convertida en auténtico hub tecnológico de dimensión mundial, a la que sigue Sevilla con el PCT Cartuja, ya con más de 557 empresas y startups, en un espacio abierto de innovación.

La Junta viene haciendo sus deberes y ahora hace falta que el sector privado se enganche a ese reto. En ello, precisamente, radica el desfase andaluz. La consejera acaba de anunciar la creación de un fondo con 100 millones de euros para ayudas a la inversión en I+D+i de las empresas de la región.

Si nos detenemos en la aportación de los sectores productivos al PIB regional, observamos en la mera comparación con el resto de España, que nuestra agricultura tiene un peso del 6,3%, con una diferencia de 3,7 puntos con la del país (2,6%). Este peso del sector primario continúa indicando que nuestro nivel de desarrollo no sigue siendo óptimo y la comparación con la eurozona nos dejaría aun en peor lugar. La industria con un 12,75% de aportación, está a 4,7 puntos de la del resto de España (17,4%), aunque en fase de crecimiento (fuentes de la propia Junta aumentan ya esta aportación en el 13,5%, con importante peso del sector tecnológico).

Las diferencias en el caso de la construcción (0,5 puntos) y en el sector servicios (0,5 puntos), son de un mayor peso de estos sectores en nuestra economía, diferenciales que por el contrario se dan en sectores muy coyunturales y de menor valor añadido. Todo ello nos hace concluir en este punto, que, nuestra estructura productiva muestra ciertos desequilibrios, muchos arrastados del pasado y difíciles de corregir en el corto plazo. Algo que incide también en la estabilidad del empleo. Es una utopía pensar en un cambio del modelo económico, pero si se puede incrementar el aporte de los sectores, como la industria, que generan mayor empleo estable y productividad, lo que irá disminuyendo el peso relativo de los que adolecen en nuestro caso de estas ventajas.

Reto del adelgazamiento del sector público

En el epígrafe de empleo público, Andalucía viene haciendo un importante esfuerzo de aligeramiento de su peso, bien entendido que hay sectores como sanidad o educación que siguen necesitando mayor dotación, sobre todo en el primer caso. Nuestra región roza los 300.000 empleados públicos y con datos de Statista del 2019, tiene 6,7% de empleo público sobre población residente en España en el citado año. Todo ello cuando, por citar algunos ejemplos, en la Comunidad de Madrid este porcentaje es del 7,5 % o en Extremadura del 8,8%.

En cuanto a peso del Sector Público en el tejido productivo, en nuestra comunidad todavía supone el 23%, mientras que en la Comunidad de Madrid es del 18,5%. Aproximadamente hay 3,54 empleados del sector público por cada 100 habitantes que, aun teniendo en cuenta que las regiones con baja densidad de población necesitan más empleados públicos, no dejan de ser ratios elevados. "Elefantiasis pública" que viene de antes, creada en gran parte por los órganos que dependen de la Junta donde, si bien se viene metiendo la tijera (empresas públicas) se debe mejorar en la eficacia de la Administración, porque en muchos casos ha venido compitiendo con lo privado.

-atascada en cifras superiores al 30% en los últimos decenios- con los guarismos más elevados del país. Concretamente en el 2014 la cifra era todavía del 34,2%, no bajando del 20% hasta el primer trimestre del 2022 en el que cae al 19,43%. En el 2023 se consigue una cifra récord para Andalucía, llegando al 17,60%, pero todavía lejos de la media nacional del 11,76%. No cabe duda, que, como en el epígrafe nacional, se distorsionan las cifras por el caso poco transparente de los fijos discontinuos, con mayor peso en nuestra región por ser agricultura y servicios sectores preponderantes, donde este tipo de empleo debido a la temporalidad de las actividades, puede ser más recurrido.

El apartado crecimiento PIB, en el cierre 2023, último trimestre, la Comunidad ha crecido un 0,8%, cuando el país lo ha hecho en 0,6%, con un crecimiento interanual en ambos casos del 2,5%, observando que comparativamente la eurozona solo ha crecido un 0,1% para situarnos en el sombrío panorama que marca nuestro entorno exterior. A raíz de estos datos, una lectura positiva: Andalucía arranca 2024 con una mayor fuerza de tracción o empuje por ese 0,8% del último trimestre, que tiene aún más valor al estar su agricultura seriamente dañada por la sequía (caída estimada de un 13%), al tener esta un mayor peso de contribución al PIB y empleo que en el resto de España, como venimos exponiendo.

Si la lluvia volviera a nuestros campos y embalses está claro que sería efectivo ese impulso para los primeros meses del 2024, hasta la llegada de Semana Santa y comienzo de la temporada turística, que afortunadamente en nuestro caso y por diversificación de la oferta está dejando atrás su mal endémico de la estacionalidad. Pero de persistir la sequía los datos de este primer trimestre del 2024 no serían tan optimistas, tampoco los del resto del año, pudiendo restar más de cinco décimas al crecimiento.

Significativos avances en rentas por hogar

En el epígrafe de convergencia con Europa, reto que viene siendo difícil, se ha pasado en los últimos años del 74,1% al 74,9%, siendo dificultoso mejorar alguna décima. En el periodo 2008 al 2018 se bajaron 2,7 puntos, cayendo del 76,7% al 74,0 %. Este es uno de los escollos que se resisten a la región, ligado al menor aprovechamiento u optimización en su día de los fondos de convergencia con la Unión Europea.

Ese es el riesgo que se tiene ahora con los fondos asignados correspondientes al marco 2014-2022 gestionados directamente por la Junta y, sobre los que la consejera de Economía y Hacienda ha asegurado que el nivel de certificación al 31 de diciembre de 2023, cuyo periodo de elegibilidad finalizó con el año, es del 82,22%. España, en cambio, acabó 2023 con solo el 46% de los fondos “NexGen” ejecutados.

Se observa una mejora significativa, en las rentas por hogar, donde en crecimiento 2019-22 (ver apoyos gráficos), Andalucía encabeza el ranking nacional: ha crecido en este periodo un 15,2%, casi cinco puntos por encima de la media nacional, pasando en convergencia con la misma del 81,7% al 85,2%. Además ocupa el tercer puesto entre las comunidades autónomas si nos atenemos al aumento de la renta por hogar respecto a la media española, un 3,4%.

No dejan de ser importantes estos datos en un contexto de crecimiento de la economía y el empleo, que empieza a reflejarse en las economías domésticas. Todo coadyuva a que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se haya reducido en nuestra comunidad autónoma en 5,9 puntos del 2018 a 2022, pasando del 41,7 al 35,8, mientras en España ha sido sólo de 1,3 puntos (del 27,3% al 26%), cuya lectura es que se está reduciendo la pobreza casi cinco veces más rápidamente que lo hace en el país.

Lo curioso es que en la estadística del PIB por habitante, a pesar de un crecimiento del mismo del 10,4% en el periodo 2019-2023, Andalucía seguía en el penúltimo lugar y ha pasado esta vez al último superada por Extremadura. La única explicación que lo puede justificar es la del aumento de la población en el caso de que sea en la mayoría joven y esté fuera del circuito productivo, en contraste con el retroceso demográfico que sufre la Comunidad extremeña.

Pero sin dejar de observar que el PIB per cápita también depende mucho de la composición sectorial, siendo el sector industrial el que más valor añadido genera a estos efectos, seguido de los servicios y del sector agrícola, los que menos. En nuestro caso, en definitiva, volvemos a la menor productividad, en peso del sector agrícola nos asemejamos a Extremadura, pero en turismo, dentro de los servicios, batimos récords en los dos últimos años, elevando el peso relativo del sector, lo que podría por efecto estadístico reflejar un menor PIB por habitante.

Mejora de rating por Estandard & Poor's

En deuda pública, Andalucía está en 19% sobre PIB, por debajo de la media nacional. En el caso de la recaudación, con la bajada de impuestos que viene acompañando a la política implementada, paradójicamente se viene recaudando más: 8.000 M de euros, con un aumento 566.000 contribuyentes, haciendo válidos los postulados de la conocida 'Ley de Laffer'. Contándose con el hándicap negativo de la discriminación en el tema de las balanzas fiscales o, lo que es lo mismo, las aportaciones estatales dentro de sus competencias y donde no se viene teniendo en cuenta el censo de habitantes, en nuestro caso algo discriminatorio por la elevada población de la comunidad en comparación al resto de autonomías del país.

En cuanto al superávit o déficit de las cuentas públicas, la comunidad presenta de los mejores datos en comparación con el resto de administraciones regionales, habiéndose alcanzado el 2020 el hito histórico de cerrar con superávit (0,02en % PIB), después en el 2021 (-0,15), en el 2022 (-0,75) y en el 2023 se espera (-0,60). No se puede olvidar que el del Estado que actualmente oscila en el -4%, debe quedar por los requisitos de las nuevas reglas fiscales en el -3% a finales de este año, lo que encierra serias dificultades de cumplimiento, también de apretarse el cinturón a las CC.AA.

Recientemente y, como prueba de la confianza que dan las cuentas públicas de Andalucía, Standard & Poor´s -la más prestigiosa agencia de calificación de riesgos- le ha elevado esta calificación hasta el grado “A” con perspectiva estable, volviendo a situarnos tras más de una década en niveles reservados a emisores que demuestran fuerte capacidad para cumplir con sus obligaciones. Lo que entraña, entre otras facilidades, que nos podamos financiar a mejores tipos en los mercados.

Conclusiones: fortalezas y debilidades

Al margen de sus fortalezas, con un mercado interno de 8,5 millones de habitantes (el mayor en el ámbito regional de España), excelentes y modernas infraestructuras de comunicación y de asentamientos de alta tecnología, buen clima y seguridad ciudadana, un destino consolidado en lo turístico; también cuenta, sin embargo, con ciertas debilidades: el ya comentado reducido tamaño empresarial; el escaso gasto privado en innovación; menor presencia de grandes empresas (afortunadamente comienzan a elegir nuestro destino entidades de esta dimensión); carencia de su efecto arrastre. También se puede incluir la falta de finalización infraestructuras estratégicas como son los corredores ferroviarios, la ampliación del recorrido del cercanías Costa del Sol, conexiones con puertos y áreas industriales o de los centros de conocimiento y de formación con la industria.

El grave problema hidrográfico que, por nuestra situación geográfica, amenaza con ser permanente. No por otra razón, somos la segunda comunidad autónoma española con más superficie en alto riesgo de desertificación, lo que requiere medidas y proyectos carácter estructural de la máxima necesidad y urgencia.