Sánchez pone al límite la democracia: la amnistía y el fiscal general

Nunca desde la aprobación de la Constitución en 1978 había estado tan desacreditada nuestra democracia como lo está ahora mismo. Pedro Sánchez, cegado por la ambición de poder, no ha tenido inconveniente alguno en ir retorciendo las instituciones a su antojo y a su servicio.

Fue inédito, por ejemplo, nombrar fiscal general a una ministra de Justicia. También lo fue colocar a otro ministro de Justicia y a una ex alto cargo en Moncloa como magistrados del Tribunal Constitucional. Fue probablemente la maniobra de manipulación del Estado de Derecho más perversa del sanchismo. Si bien le costó un disgusto sacarla adelante, empezó a dar los frutos esperados enseguida -véase por ejemplo la ley del aborto- y más que se los va a dar en los próximos meses, con la ley de amnistía.

Durante la pandemia, el Gobierno publicó dos decretos de estado de alarma que fueron declarados inconstitucionales por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como también fue declarado inconstitucional el cierre del Congreso de los Diputados que impidió un control eficaz al Ejecutivo durante muchos meses, en pleno Covid.

Las continuas agresiones de Pedro Sánchez a nuestro sistema democrático han ido ‘in crescendo’ en paralelo a su precariedad parlamentaria y a su necesidad de retorcer el sistema para permanecer en la Moncloa. Hasta que hemos llegado al punto culminante con la ley de amnistía, una norma con la que Pedro Sánchez ha pervertido la democracia, comprando su investidura a unos políticos delincuentes a cambio de borrar sus delitos.

Este martes comienza a tramitarse en el Senado donde el PP, con su mayoría absoluta, va a intentar poner algo de cordura y que, al menos, se le vean las vergüenzas a la norma y al sanchismo. De momento, este martes la Mesa de la Cámara Alta reconduce la ley, de tal manera que ya no se va a tramitar por la vía de urgencia sino por el procedimiento ordinario, lo normal en una ley que solo es urgente para las necesidades de Pedro Sánchez y el prófugo Puigdemont.

Además, el Senado ha pedido al CGPJ y al Consejo Fiscal los informes sobre la amnistía que Sánchez burló al presentarla como proposición de ley en lugar de proyecto de ley. Vamos a escuchar al órgano de gobierno de los jueces su opinión sobre esa ley. Y al Gobierno no le va a gustar nada. Sin embargo no vamos a tener el informe del Consejo Fiscal porque el fiscal general del Estado ha hecho un nuevo servicio a Pedro Sánchez impidiendo que ese órgano emita su dictamen.

Sánchez usa las instituciones a su antojo siempre que puede. El fiscal general es otro ejemplo más. Hemos visto cómo Pedro Sánchez ha puesto a funcionar la maquinaria del Estado para intentar destruir a una política del principal partido de la oposición. Al más puro estilo chavista ha fabricado un caso contra Isabel Díaz Ayuso y para ello se ha servido de información secreta de un particular en poder de la Agencia Tributaria y de filtraciones de la fiscalía general del Estado sobre comunicaciones del abogado defensor de ese ciudadano particular.

Las costuras del sistema no aguantan más trampas de Pedro Sánchez, pero el líder socialista está dispuesto a seguir estirándolas hasta donde él lo necesite.