Caso Alves: populismo para desacreditar el sistema judicial

Dani Alves agredió sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona y, tras ingresar en prisión preventiva y un juicio celebrado con todas las garantías procesales, fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel. Hasta ahí los datos objetivos de un proceso penal que ha estado sometido a un escrutinio periodístico y político del que da la impresión que los jueces han sido capaces de abstraerse.

Las zarpas del populismo y del feminismo radical atraparon en caso y lo han manipulado sin rubor durante todo este tiempo. Toda una vicepresidenta del Gobierno como Yolanda Díaz pidió una sentencia “ejemplarizante” que es la antítesis de una sentencia justa.

Cuando el futbolista fue condenado tanto ella como la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmaron que se había podido hacer justicia gracias a la ley del solo sí es sí, es decir, gracias a ellas. La realidad es la opuesta: Alves se benefició de la rebaja de las penas que introdujo esa ley. Por eso su sentencia fue de cuatro años cuando antes podría haber sido condenado a seis.

Pero más allá de esos evidentes intentos de manipulación, ha sido ahora cuando el populismo judicial de la izquierda, y más aún del feminismo radical, ha entrado en efervescencia. Desde diversos ámbitos políticos y mediáticos se ha lanzado el falso y peligroso mensaje de que Dani Alves sale de prisión porque es rico y ha podido reunir un millón de euros.

Es absolutamente falso. Dani Alves sale de prisión porque ha cumplido ya una cuarta parte de la pena (16 meses de 4 años y medio) porque está a la espera de que un tribunal superior revise la sentencia que ha sido recurrido por su defensa, la fiscalía y la acusación particular, porque el tribunal entiende que el riesgo de fuga ha disminuido de forma casi total y porque va a hacer frente a una fianza que el juez impone en función de la capacidad económica del preso. Es decir, en el caso de un ciudadano medio, la fineza hubiera sido mucho menor e igualmente podría haber salido de la cárcel.

Pero es que además de falsa, la idea de que el futbolista ha tenido un trato de privilegio por ser rico, es peligrosa porque deslegitima a la justicia. Que un político traslade el mensaje de que la ley no es igual para todos es nefasto para el sistema, contribuye a que el ciudadano medio pierda la confianza en los tribunales y, en consecuencia, a que la democracia y el Estado de Derecho se debiliten.

Quizás a la izquierda, acosada por la corrupción y con el CGPJ y el Supremo como parapetos contra la ley de amnistía, le interese que reine la desconfianza en los jueces y que los ciudadanos les perciban como agentes políticos que responden a una ideología determinada. Pero eso solo les interesa a ellos, en un ejercicio de irresponsabilidad que la sociedad no merece. A los españoles nos interesa lo contrario, que los políticos y los periodistas fortalezcan la democracia y el Estado de Derecho.