BBVA y Banco Sabadell: la sobreactuación del Gobierno en otro cambio de opinión

El BBVA pretende fusionarse con el Banco Sabadell mediante un mecanismo que, a pesar de su nombre, OPA hostil, es perfectamente legal y se ha empleado en multitud de operaciones de este tipo con anterioridad. El Gobierno, a través del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, calificó como “buena noticia” la posible fusión porque, dijo, es positivo “tener entidades financieras que sean sólidas, punteras y líderes en Europa”.

Ahora ha cambiado de opinión en un giro de 180 grados. Es evidente que en eso tiene mucho que ver la proximidad de las elecciones catalanas y el enfado de sus socios independentistas con la posibilidad de que el Sabadell desaparezca.

Lo cierto es que el Banco Sabadell ya no es un banco catalán. Dejó de serlo hace unos años por culpa precisamente de los socios independentistas del Sánchez. El procés espantó a centenares de empresas que huyeron de Cataluña. Banco Sabadell fue una de ellas. Se estableció en Alicante y, según han repetido sus responsables muchas veces, no tienen intención alguna de regresar.

Sin embargo, en el imaginario colectivo catalán, Banco Sabadell es ‘suyo’, aunque no lo sea. Por eso los candidatos a la Generalitat de Cataluña han salido en tromba a oponerse a esta fusión a la que, en principio, no se pueden oponer. Desde Pere Aragonés (ERC) a Salvador Illa (PSOE) pasando por Alejandro Fernández (PP), todos la han calificado de negativa para los intereses de Cataluña y de los catalanes. También el Gobierno que la bendecía ahora se opone frontalmente y amenaza con no autorizarla.

Uno de los argumentos que repiten es que aumenta la concentración de entidades bancarias, merma la competencia y favorece el oligopolio. Parece poco real ese razonamiento. En España operan alrededor de 90 entidades financieras tradicionales y cerca de una decena de bancos digitales. Con esas cifras la competencia parece asegurada. En todo caso tendrán que ser los organismos competentes en la materia los que valoren el impacto de la operación, la supervisen y, en su caso, autoricen: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoridad de Regulación Prudencial de Reino Unido.

En un país democrático y fiable el Gobierno debería mantenerse como un observador de la operación, sin meter sus zarpas, dejando a esos organismos que determinen la viabilidad de la misma. En España, Pedro Sánchez ya se ha opuesto y ha advertido que tiene la “última palabra”. El problema es el de siempre, este Ejecutivo no actúa en función del interés general sino de su propio interés político.