Siete minutos para ocultar la malversación del procés

El próximo martes 21 de mayo se debatirá en el Congreso de los Diputados el informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la acción exterior de Cataluña desde 2011 a 2017, que fue solicitado por el propio Congreso con los votos favorables del PP y del PSOE en 2016. Leen ustedes bien. El PSOE del 2016 estaba de acuerdo en saber en qué se había gastado el dinero de todos el Gobierno de Cataluña. Entonces no había muros ni cambios de opinión. Ese PSOE que había hecho de su sayo la lucha contra la corrupción y que ahora llamará “convivencia” a destinar 417 millones de euros para conseguir el respaldo internacional al procés, o sea, para dar los pasos para que Cataluña sea independiente.

El informe se aprobó por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de marzo de 2019 y, sin embargo, han tenido que pasar cinco años para ser debatido en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Un caso totalmente inédito, debatir un informe tan relevante, con ese retraso. ¿Cuál ha sido el motivo de dicho retraso? La llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

En una maniobra que pasó inadvertida (para algunos) el líder del PSOE ordenó colocar como presidente de la Comisión Mixta de Tribunal de Cuentas a su hombre de confianza, a ese diputado que fichó a Koldo para vigilar los avales del mismo Sánchez: Santos Cerdán. Y no es arriesgado aventurar que lo hizo con el encargo de que ese informe no pasase por la Comisión. De hecho, ejecutó la orden a la perfección: nunca fue incluido en ninguna Comisión. Por eso resulta aún más patético escuchar al actual Secretario de Organización de los socialistas pedir respeto a las Instituciones que él mismo ninguneó.

De la misma manera, el actual Presidente de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, que es del PSOE (curiosamente el compañero de Santos Cerdán en las negociaciones de Waterloo con Puigdemont), ha dilatado el debate de este informe casi un año, hasta que se han celebrado las elecciones catalanas. Llego a amenazar a los populares diciendo que no convocaría la Comisión, tal y como es preceptivo, si se incluía ese informe en el Orden del día.

Ahora una vez pasada la contienda electoral catalana, el Presidente de la Comisión se ha apresurado a incluir el Informe de Acción Exterior de Cataluña 2011-2017 donde evidencia los gastos en que incurrieron las mal llamadas embajadas catalanas para promocionar la Independencia de Cataluña en el Exterior, cuyo gasto «sin ningún control» ascendía a millones de euros. El PSOE quiere pasar página a este derroche ilegal de recursos cuyos protagonistas fueron Puigdemont, Junqueras, Turull, etc y así hasta 35 más. Ya saben perdón a cambio de 7 votos para la investidura.

Este informe se sustanciará en un debate conjunto junto con otro informe de extinción de incendios de CCAA (el mismo cinismo de que Sánchez vaya a hablar en el Congreso de Palestina y los negocios de Begoña Gómez como si fuera el mismo asunto). Para todo ello los portavoces de los grupos parlamentarios dispondrán de un máximo de 7 minutos. Es decir 3,5 minutos para debatir un informe trascendental en la historia política de los últimos 7 años en España. Sorprende esto, sobre todo cuando la Mesa podría haber tomado la decisión de dedicarle al menos 15 minutos. Ciertamente es difícil de entender este ninguneo de las Instituciones, del trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas y de los Grupos Parlamentarios de la Comision Mixta.

Este informe desde el punto de vista de su trascendencia no es un informe más de los redactados por el Tribunal de Cuentas, es un informe que evidencia como desde el año 2011 en Cataluña los que regían el Gobierno de la Generalitat desviaron fondos públicos, de todos los catalanes, para alcanzar la Independencia. Promover por lo tanto el quebrantamiento del Orden Constitucional (tipificado en el código penal como delito). Lo que se ha venido denominado procés no es otra cosa que un intento de golpe de estado, moderno eso sí, pero golpe de estado.

El Informe, una vez redactado, contó con una ligera oposición de algunos consejeros del Tribunal de Cuentas. No por su contenido, sino por el momento en que fue sometido a aprobación. Y, por ello hubo intentos de retrasarlo al coincidir con periodo electoral en abril de 2019. Curiosamente son los mismos consejeros los que no dudaron en abrir un expediente por “ financiación ilegal “de 3738 euros (que provenían de venta de lotería) al Partido Popular, el 2 de febrero de 2022, en plena campaña de elecciones de Castilla y León. El expediente, casualmente, se archivó una vez pasada la campaña electoral. Pero eso sí que cosechó grandes titulares de los adalides contra la corrupción.

417 millones para promover la independencia

El importe de los recursos destinados por las mal llamadas embajadas catalanas evidencia que más de 417 millones de euros se destinaron a promover la independencia de Cataluña en unas oficinas declaradas ilegales por el Tribunal Supremo que, sin embargo, nada más llegar Pedro Sánchez al Gobierno se han reactivado.

Ciertamente esa cifra bien pudiera haber sido la reclamada, pero al final el Fiscal entendió que solamente 9,5 millones de euros era la cantidad a exigir su devolución a los promotores del procés. Esa cantidad con la renovación del Tribunal de Cuentas en el año 2021 sufrió una enmienda a la totalidad una vez nombrado los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas. De 9,5 millones de euros a 3,1 millones a los 34 ex altos cargos del Govern acusados de malversación.

Pero aun así esa cifra era lo suficientemente importante para que los independentistas presionaran al presidente Sánchez y este evitara el embargo de sus bienes. Por eso, Sánchez cargó duramente contra la Magistrada responsable de la sección de enjuiciamiento, la Sra. Mariscal de Gante, a la que por turno le había tocado dirimir el expediente.

Días después lo mismo hizo Ábalos cuando manifestó, refiriéndose a ese expediente, que era incómodo y que “eran piedras en el camino del diálogo” ( 25/06/2021). Además añadió que correspondía desempedrar ese camino. Y lo consiguieron, porque el Partido Popular de forma todavía no explicada (¿o sí?) aceptó negociar la renovación del Tribunal de Cuentas a finales de 2021. Con esa renovación llego el comienzo de desempedrado del camino tan anhelado por Sánchez.

Con la renovación del Tribunal de Cuentas todo fue en cascada. La operación comenzó porque los nuevos consejeros de la sección de enjuiciamiento (casualmente los propuestos por el POSE) que abordaron el asunto dejaron sin efecto una decisión trascendental. Lo hicieron con una paupérrima fundamentación jurídica que es inexplicable. La decisión anulada (adoptada inicialmente por la delegada instructora del expediente, la Sra. García) fue descartar el aval que la Generalitat Catalana presentó para evitar el embargo de los bienes de Puigdemont, Junqueras, Turull, etc. (la causa es la causa, pero la pela es la pela).

La instructora, acertadamente, había desestimado el aval de la Generalitat por entender que la garantía habilitada por el Gobierno catalán no podía amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave por los independentistas.

También fue “sorprendente” que la propia Generalitat renunciara a personarse como parte perjudicada en este juicio contable en el que podría haber reclamado a Puigdemont, Junqueras, Mas, Turull, Rovira, etc. la devolución de esos millones de euros malversados. Lejos de eso pretendió avalarlos para que en caso de sentencia en su contra fueran los catalanes con sus impuestos quienes pagaran ese dispendio.

La cuestión no acaba ahí, puesto que al final el procedimiento dirimido en el Tribunal de Cuentas puede acabar en el Tribunal Supremo, Puigdemont y los suyos plenamente conscientes de que ahí sí habría condena dado que hubo malversación. Han exigido a Sánchez que les blindé por estos hechos con la ley de Amnistía, que elimina de un plumazo la existencia de esa malversación y por lo tanto la sanción que conllevaría, que no es otra que devolver el dinero por parte de los que participaron en el procés.

Siete minutos insuficientes

Pues todo esto se sustanciará en el Congreso en siete minutos. No habrá tiempo para hacer esas preguntas que dejarían avergonzados a muchos. Preguntas que merecen una respuesta al menos por respeto a los funcionarios y miembros del Tribunal de Cuentas que hicieron un informe riguroso y que sirvió para saber como malversaban el dinero los independentistas y que ahora Sánchez con su ley de amnistía va a borrar por siete votos de apoyo a su legislatura.

Por último, recalcar que a día de hoy resulta increíble que dado el tiempo transcurrido no se haya dictado sentencia por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre esta cuestión. Supongo que son los nuevos tiempos del Tribunal en el que -como algunos dicen ahora- hay un buen ambiente, lo que hace que las cosas de palacio vayan despacio.

Eloy Suárez. Senador PP. Ex Presidente de la Comision Mixta del Tribunal de Cuentas