Pedro Sánchez, el caudillo desleal

En una Democracia, la celebración de una sesión de control del gobierno en el parlamento es uno de los actos más importantes de una legislatura, teniendo en cuenta que representa la fiscalización de las actuaciones de un gobierno en la Cámara de representación Legislativa emanada de las urnas. Todo lo que se genera mediante ese control es, en sí mismo, un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y sobre todo, de respeto a los españoles que a través de los votos depositados en los partidos tienen derecho a conocer, criticar y evaluar las actuaciones de un gobierno que lleva las riendas del Estado.

Como ya viene siendo habitual en los últimos 6 años, en la última sesión de control de gobierno, se despreció ese fundamento de fiscalización a pesar de que los temas a tratar se centraron en las explicaciones que el gobierno -a petición propia- pretendía dar tanto a los diputados como a los españoles, no cumpliendo lo establecido en estas sesiones y lo que es peor, demostrando un claro desprecio hacia la democracia, como se evidenció en el hecho de que el Presidente del Gobierno, desde su escaño, pretendió manipular el debate al dar instrucciones a la tercera autoridad del Estado como es la presidenta del Congreso. Todo ello para obligar al líder de la oposición a terminar su intervención porque le era molesta, desagradable y contundente.

Esta actitud sin duda caudillista y desleal con la democracia y con las obligaciones de un gobierno respecto a ser fiscalizando, refleja claramente como el actual Presidente del Gobierno, se ha convertido en un personaje que vulnera su propia institución ejecutiva, actuando en beneficio de sus intereses personales en vez de los del Estado que gobierna.

Sánchez se ha convertido en un dolor de cabeza para la democracia, en un inicio de obstáculo para la libertad y sobre todo en el ejemplo palpable de lo que no se puede permitir en un miembro del gobierno de un Estado que debe estar al servicio de los intereses generales y no servirse de su posición para aplicar los suyos propios por decreto.

No es cuestión de mayorías -cosa normal en democracia- sino de la ética y moralidad a la hora de aplicarlas. Y es que un presidente del Gobierno sin permiso de los ciudadanos, no puede ejercer políticas que dañen a su país, abandonando preceptos constitucionales o dejando de lado los consenso básicos de aquellas instituciones a las que pertenece España y cuyo papel debe ser de un socio confiable, bien en materia de defensa, en materia económica o en decisiones políticas que no la aparten de la realidad a causa de caprichos ideológicos y actuaciones que manchan el prestigio de un país.

Los ciudadanos debemos ponernos en guardia porque ya hay demasiados tics de autocracia y de desprecio de libertades porque se descalifica a todo lo que el Presidente del Gobierno no representa, a pesar de que hablen en nombre de ocho millones de votos y trabajen por lo que deben. Trabajar para vivir en democracia desde el respeto al oponente y ejerciendo el papel que les corresponde.

Caudillo tuvimos uno en España durante cuarenta años y lo que no podemos permitir es que venga otro, sin avisar, por la puerta de atrás y nos tire la llave de la libertad de la puerta de la democracia.