El Tribunal Constitucional, la coartada perfecta de Sánchez

El Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido y compañía se dispone a ‘borrar’ de un plumazo el caso más grave de corrupción de la historia democrática de España. Está a un paso de anular las condenas por malversación de caudales públicos a cuatro ex consejeros del Gobierno andaluz, enmendando la plana a la Audiencia Provincial de Sevilla. La decisión va a ser aprobada por la mayoría sanchista, siete votos a favor, los mismos que casualmente siempre fallan a favor de las tesis que favorecen o interesan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los otros cuatro magistrados han montado en cólera ante esta situación que, a su juicio y al de muchos, tira por el sumidero el prestigio del Tribunal Constitucional y supone además una “amnistía encubierta”. Uno de los votos particulares de estos magistrados afirma que la sentencia “ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley” por lo que, añade, el “daño institucional” que produce es “dificilmente reparable”.

En este escenario hubiera sido mucho mejor el indulto, porque eso solamente habría afectado al prestigio, ya inexistente, del Gobierno y de su presidente. Sin embargo, Pedro Sánchez ha preferido escudarse detrás del Tribunal Constitucional aún a costa de matar su credibilidad de por sí escasa.

El Constitucional es su coartada perfecta para este caso de los ERE y para cualquier otro. La amnistía inconstitucional pasará a ser “impecablemente constitucional”, como decía el ministro Félix Bolaños, por arte de la magia, de la mayoría 7 a 4. Y así lo que haga falta: el cupo catalán o el referéndum de independencia en Cataluña. Sánchez no tiene ningún problema en estirar las costuras de la Carta Magna a su antojo.

Este escenario en el que La Moncloa controla el Tribunal Constitucional y la fiscalía general del Estado debería hacer inviable cualquier atisbo de acuerdo para renovar el CGPJ salvo que antes se cambie la ley y se deje que los jueces elijan a los jueces. La actual situación de parálisis es muy grave y preocupante, pero la posibilidad de que sería Sánchez se haga con el control también del Poder Judicial, sería muchísimo más grave y muchísimo más preocupante. Sería el principio del fin de la democracia real en nuestro país.