EDITORIAL
Tezanos y el fiscal general: dos asignaturas pendientes de Sánchez
Si ya es impresentable que Pedro Sánchez nombrara a un cargo del PSOE como presidente del CIS, peor aún es que lo mantenga, lo mismo con Álvaro García Ortiz
El fiscal general del Estado saluda a Pedro Sánchez
La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido imponer una multa de 3.000 euros, la máxima que se contempla, al presidente del CIS, José Félix Tezanos, por el sondeo de urgencia que realizó cuando Pedro Sánchez anunció por carta a la “ciudadanía” que se retiraba cinco días a reflexionar sobre su futuro tras conocerse que el juez imputaba a su esposa, Begoña Gómez, varios delitos presuntamente cometidos en el desempeño de sus funciones en la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense.
La realidad es que ese sondeo exprés es otra muesca en la culata de Tezanos, una de sus múltiples actuaciones destinadas a favorecer al Gobierno, pero es de las más graves. Si le quedaba algo de prestigio, muy poco en todo caso, esta sanción le deja a los pies de los caballos de manera definitiva. Lo malo es que con él arrastra a una institución que era de las pocas que nadie cuestionaba hasta el momento de su llegada al cargo.
Si ya es impresentable que Pedro Sánchez nombrara a un cargo del PSOE (secretario de Estudios y Programas) como presidente del CIS, peor aún es que lo mantenga en esta situación, después de la sanción de la JEC que se suma a los múltiples escándalos que ha protagonizado. Ese empeño en mantenerle en el cargo demuestra que en realidad está cumpliendo a la perfección el mandato de Sánchez. No hay otra explicación.
Lo mismo puede deducirse del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que se empeña en permanecer en su poltrona pese a que su situación es desesperada, inédita y muy dañina para la institución a la que representa. Sánchez también le mantiene en el cargo a pesar de la infinidad de motivos que hay desde hace mucho para que deje de desempeñarlo. Es cierto que no puede destituirle, pero sí puede pedirle que dimita y forzar a que lo haga. No quiere.
La situación del fiscal general ha quedado en precario este jueves. El juez del TSJM que investiga la presunta revelación de datos personales del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tomado declaración a los dos investigados, el fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto, y su superior, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.
Salto le ha contado al juez que fue su jefa la que le pidió que le enviara los correos electrónicos de González Amador y la fiscalía. A su vez, Pilar Rodríguez ha afirmado en su declaración que fue el fiscal general del Estado quien le pidió que le remitiera los mencionados correos. No hace falta ser un consumado jurista para intuir que es muy probable que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, acabe imputado ante el Tribunal Supremo, dado su carácter de aforado.
La imagen de la Fiscalía, a la que Sánchez ha escupido poniendo al frente primero a su exministra de Justicia y después al delfín de ésta, no puede permitirse mantener como fiscal general a un imputado. Convendría actuar antes de que ese momento llegue.
Lo ideal, tanto en el caso del fiscal general como en el del presidente del CIS, es que haya una renovación de cargos que sea fruto del consenso entre el PSOE y el PP, como ha sucedido con el CGPJ. Es evidente que Sánchez perdería dos herramientas poderosas y muy útiles para sus fines, pero la democracia ganaría enteros, algo de lo que está extremadamente necesitada.