Pedro Sánchez se burla de la ley y el Estado de Derecho se defiende

El Tribunal Supremo ha decidido no aplicar la amnistía al delito de malversación, lo que afecta de lleno a Carles Puigdemont. Si pone un pie en España será detenido. Así de sencillo. La decisión del juez Pablo Llarena es un varapalo tremendo para Pedro Sánchez porque tumba de un plumazo su estrategia claramente inconstitucional y añade una enorme dosis de incertidumbre a la legislatura.

Las consecuencias de la decisión del Supremo son difícilmente previsibles. Habrá que ver cómo reacciona el prófugo, cuyas opciones de regresar de manera impune a Cataluña se desvanecen. Ese era su objetivo cuando vendió al PSOE sus siete votos para la investidura de Sánchez. El pago, aunque se ha intentado contra viento y marea, ha sido defectuoso. La moneda utilizada por Sánchez para el intercambio de presidencia por impunidad ha resultado ser falsa.

El auto del Tribunal Supremo sacaría los colores a cualquier Gobierno que tuviera un poco de vergüenza. La Sala de lo Penal afea a Sánchez que la amnistía busque favorecer a unas personas determinadas por ser políticos, con el claro agravio comparativo que eso conlleva para el resto de los ciudadanos.

En concreto recrimina que se dispense “un tratamiento excepcional y personalizado a unos delitos de especial gravedad, por el simple hecho de haber sido cometidos por unos concretos responsables políticos”, un “paréntesis a cien años de jurisprudencia” que "volverá a cerrarse para todos los demás ciudadanos que han sido condenados por un delito de la misma naturaleza”. Demoledor.

El tortazo a mano abierta todavía resuena. Debería tener consecuencias si tuviéramos un Gobierno respetuoso con el Estado de Derecho, pero el nuestro no lo es. Su presidente se burla de la ley. Y no solo por la amnistía. También lo vimos este lunes con el vergonzoso asunto del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz está a un paso de ser imputado por el Tribunal Supremo por la revelación de datos personales de un particular, en este caso el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sánchez, erigido en juez supremo, afirma que el fiscal general “tiene todo el apoyo del Gobierno de España” y considera que “por supuesto no tiene que dimitir”si es imputado, ya que lo único que ha hecho ha sido aclarar “un bulo”. Cara dura, desvergüenza e irresponsabilidad son adjetivos que se quedan cortos para definir a este presidente. Quizás le va mejor lo de “jefe de la banda” que le ha dedicado el alcalde de Madrid. Cada día que pasa es más urgente que este individuo tan nefasto para nuestro país deje La Moncloa.