Sánchez legaliza la corrupción: de la amnistía a los ERE

Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con la vitola autoconcedida de paladín contra la corrupción. Seis años después no solo le acechan los casos en su entorno más cercano, el Gobierno y su propia familia, sino que se ha encargado de legalizar la corrupción de los políticos, sólo de los suyos o de los que le ha convenido por algún interés personal. Ese, su interés particular, es el primer y único mandamiento para el líder socialista.

En las últimas semanas estamos asistiendo a una agudización de este mal. Hemos visto como el PSOE y sus socios lograban aprobar una amnistía que todos saben de sobra que es inconstitucional y con la que pretendían borrar delitos de corrupción como la malversación de dinero público de los líderes catalanes, entre ellos Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Sólo la acción decidida, valiente y justa del juez Pablo Llarena ha frenado sus pretensiones. Al menos de momento porque el caso llegará tarde o temprano al Tribunal Constitucional y ahí ya sabemos lo que ocurre.

Lo sabemos porque lo acabamos de comprobar. Cándido Conde-Pumpido y sus seis soldados progresistas o, mejor dicho, sanchistas, acaban de dejar impune el mayor caso de corrupción de la historia, el de los ERE de Andalucía. Casi 700 millones de euros de dinero público utilizados de manera fraudulenta y no habrá ni un solo culpable porque Pedro Sánchez ha decidido legalizar también, esta vez por sentencia, la malversación y la prevaricación de sus compañeros de partido.

Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez y muchos más pasarán a la historia oficialmente como víctimas de un error judicial que les condenó. ¡Repugnante! El desvío de los 700 millones nadie lo pone en duda, ni siquiera el Tribunal Constitucional, pero no habrá ningún culpable. El dinero se malversó solo, al parecer. Nadie hizo nada mal.

La legalización de la corrupción por parte de Pedro Sánchez no acaba ahí. Hay muchos más casos. El más escandaloso es el del fiscal general del Estado. “Por supuesto que no tiene que dimitir en caso de que le imputen”, decía Sánchez este lunes antes de añadir que se limitó a defender el buen nombre de la fiscalía y eso no puede ser corrupción. Es decir, como el presunto corrupto es uno de los suyos y hace lo que a él le conviene, pues no hay corrupción de ninguna de las maneras.

Legalizar la corrupción es probablemente la peor de las corrupciones. Y es también marca de la casa del sanchismo. Llegó al poder comprando su investidura a un prófugo de la justicia, otra manera de corromperse y corromper el sistema democrático. Utiliza las instituciones de manera corrupta, es decir, en su propio beneficio. Y pretende conseguir la impunidad de su propia esposa desprestigiando a los jueces, lo que en el caso de un presidente del Gobierno tiene también un nombre: corrupción.

Por suerte no ha conseguido hacerse con el control del CGPJ como a él le hubiera gustado. De haberlo logrado asistiríamos a algo muy parecido a un régimen totalitario o, en el mejor de los casos, a una democracia en la UCI. Sánchez tendría la impunidad total, que no es otra cosa mas que la legalización absoluta de la corrupción.