"No mientas", dijo el mentiroso
El Gobierno de Sánchez sigue con su colonización de las instituciones como se puede ver con la amnistía a los implicados en los ERE de Andalucía y se prepara para la amnistía a Puigdemont y compañía.
En los últimos días hemos presenciado cómo desde la factoría de bulos de Moncloa se ha fabricado el relativo a que el Tribunal Constitucional es Poder Judicial y que atacar sus resoluciones es un enfrentamiento con la Justicia. Evidentemente este bulo 'sanchista' entra ya en el terreno de la mentira, no solamente porque se intenta crear un relato que blanquee las decisiones del Constitucional sino que se está afirmando que entre sus competencias se encuentra revisar las sentencias de los órganos judiciales, fundamentalmente, del Tribunal Supremo.
Según la ley que regula el Tribunal Constitucional se determina que la competencia del mismo, entre otras, es conocer “el recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales relacionados en los artículos 14 a 30 de la Constitución”. En ningún caso crear jurisprudencia sobre cómo deben interpretarse los tipos penales con la finalidad de corregir las sentencias dictadas por juzgados y tribunales que sí son Poder Judicial. Máxime, cuando la propia Constitución, en su artículo 117, establece que “la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial”.
El artículo añade que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional (…) juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales”. Así pues, en ningún momento se menciona al Constitucional como integrante del Poder Judicial ni como última instancia judicial. El bulo 'sanchista' es una mentira absoluta. El Constitucional solo puede revisar la vulneración de derechos en el procedimiento como garantía y analizar si se ha producido un juicio justo en el que no ha habido vulneración de la presunción de inocencia. No se puede ir más allá.
Fachada del Tribunal Constitucional en Madrid.
El escándalo del perdón por los ERE en Andalucía
La nueva interpretación del delito de malversación liderada por Cándido Conde Pumpido, exfiscal general socialista, del exministro socialista Juan Carlos Campo y de la exalto cargo del gobierno socialista, Laura Díez, supone un indulto encubierto a los condenados por el fraude de los ERE de Andalucía, ya que en ningún momento niega el hecho que se defraudaran más de 600 millones de euros de los impuestos de los andaluces y tampoco que parte de ellos acabaran en pago de prostitución y cocaína.
Andalucía
El Constitucional sigue tumbando la malversación y 'libra' a uno de los mayores artífices de los ERE
Manuela Herreros
Lo absurdo es pensar que si un político crea el sistema para que sea posible que se defraude y que no tenga ninguna responsabilidad -porque no ha defraudado directamente- se olvida que en Derecho Penal existe la figura del cooperador necesario y que la malversación no se pudo producir sin que desde el gobierno socialista andaluz se abriera el camino para poder cometer el delito, ya que, en definitiva, se creaba una red clientelar que permitía que el gobierno socialista se perpetuara en el poder.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Grinán saliendo de los juzgados en Sevilla.
La afirmación que el sistema de los ERE fue aprobado por el consejo de gobierno y el Parlamento como prueba de la irresponsabilidad de los creadores del mismo es en sí mismo una falacia, ya que el engaño también alcanzó a los órganos colegiados, lo cual acredita el artificio engañoso y no puede convertirse en coartada.
Abriendo camino para la amnistía
Esta teoría de indulto encubierto a los políticos malversadores abre el camino para que en un futuro próximo se aplique la amnistía a los delincuentes condenados en el juicio del “procés independentista”, y así continuaría el bulo convertido en mentira produciendo sus efectos en beneficio del gobierno.
En un Estado de Derecho no puede tolerarse que el Gobierno, en su huída hacia adelante para mantenerse en el poder a toda costa, destroce la credibilidad de cualquier institución -en este caso del Constitucional-. Sin emnargo esta práctica se va reproduciendo de forma milimétrica a medida que los problemas personales y políticos de Pedro Sánchez se multiplican. Así, ha destrozado a la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Abogacía del Estado, sin olvidar el CIS, RTVE y otros organismos de control que le han sido incómodos.
El relato del bulo es una constante en la acción política del socialismo gobernante, llegando a crearse verdaderas mentiras que están dirigidas a desinformar con la finalidad de perpetuarse en el poder. Por eso se inventan mentiras sobre jueces que tienen varios DNI, sobre que el Constitucional forma parte del Poder Judicial o que el Tribunal Supremo es prevaricador y es corregido por un órgano superior, en este caso, el Constitucional, cuando es una burda mentira.
Sánchez debería escuchar más al cantante Joaquín Sabina, que en su famosa canción “corre, dijo la tortuga”, contiene una frase que le define: “No mientas, dijo el mentiroso”. Canción que les invito a escuchar porque de nuestros poetas cantautores se aprende mucho.