Pedro Sánchez borra los ERE: el mayor caso de corrupción ‘indultado’ por el Constitucional

El Gobierno se abría a finales del año pasado a indultar a Chaves y Griñán del mayor caso de corrupción de España avalado por la Audiencia de Sevilla y posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo, el caso de los ‘ERE de Andalucía’. Y lo ha conseguido a través de un Tribunal Constitucional que no niega -por mucho digan desde el PSOE y desde el Gobierno retorciendo las sentencias del tribunal de garantías- que el sistema clientelar de corrupción ideado por el PSOE en Andalucía para repartir ayudas eludiendo la tramitación de los expedientes de concesión de subvenciones (y sus requisitos legales), eludir la fiscalización por parte de la Intervención (que, en ocasiones, ponía pegas) y, por tanto, repartir dinero público a, entre otros, afines con total discrecionalidad y sin justificación, existiera.

 

Claro que el mayor caso de corrupción de la historia de España existe y, por supuesto, los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Grinán no son los nuevos Robin Hood. Tanto es así que el Tribunal Constitucional ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que vuelva a emitir una nueva sentencia ante un presunto delito de prevaricación cometido por Manuel Chaves entre 2000 y 2001, como presidente de la Junta de Andalucía, al haberse reducido durante su Gobierno la partida presupuestaria para la Consejería de Empleo (la adecuada para destinar ayudas sociales pero que exigía controles de Intervención) y dotar de fondos otra partida -la Transferencia al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)- que no era la apropiada para conceder tales ayudas pero que permitía una mayor discrecionalidad y elusión de controles.

 

No solo eso. El Tribunal Constitucional también ordena a la Audiencia de Sevilla que vuelva a pronunciarse respecto a ambos expresidentes socialistas por un supuesto delito de prevaricación ante una modificación presupuestaria aprobada en 2004, cuando Chaves era todavía presidente de la junta y Griñán su consejero de Hacienda, que incrementó en 2,9 millones de euros un programa -no destinado para la concensión de ayudas sociolabolares- para luego desviar tales millones, precisamente, al pago de ayudas sociolaborales en otro programa conocido como el ‘fondo de reptiles’.

 

Más allá de eso, sí es cierto que el Tribunal Constitucional, inmiscuyéndose como critican múltiples expertos en el Poder Judicial -el TC no forma parte de tal poder del Estado, es un tribunal de garantías-, ha tratado de reducir a la mínima expresión el mayor caso de corrupción de España. Y todo, grosso modo, en base a una increíble justificación: el PSOE de Andalucía consiguió legalizar su corrupción. Y es que ese sistema ideado para repartir, sin control, ayudas sociolaborales, generando un total sistema clientelar que ni el Tribunal Constitucional niega, fue incluido en el proyecto de Presupuestos que finalmente se aprobó en el año 2002 y, más aún, no se recurrió tal Ley al tribunal Constitucional adquiriendo una “cobertura legal”, reza la sentencia del tribunal de garantías. En otras palabras, que la corrupción se legalizó y dejó, a partir de ese momento, de ser corrupción. Pero claramente existió. No cabe duda alguna.