Sánchez rescata la 'ley Fraga de Prensa' tras regar 1.000 millones en anuncios

No es nuevo que Sánchez confunda a la opinión pública. Pero cuando invoca en falso la Constitución bate récord. Anuncia que modificará la ley para “garantizar el derecho a la información veraz que reconoce el artículo 20 de la Constitución española”.

Pero ese artículo no blinda la información veraz, sino la libertad de expresión. “Se reconocen y protegen los derechos: 

Con unos límites: “leyes que lo desarrollen y, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Nuestra Constitución no habla de libertad de expresión buena o mala. Falsa o veraz. Ni permite atacar un medio, no por algo publicado, sino por lo que suela publicar o publicará, que es lo que atribuye Sánchez a los pseudomedios.

Sánchez no quiere denunciar una falsa noticia, ya factible legalmente, sino al medio por reiteración de faltas al entender del Negreira de Moncloa. Nuestra Constitución consagra la libertad de expresión que toda democracia garantiza en virtud de la declaración universal de los derechos humanos de la ONU. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Lo hereda de la revolución francesa. “La libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre”. Aquí estábamos hasta que llegó Sánchez. Cualquier periodista era libre de informar y de opinar. Sus excesos estaban tipificados y penados. Había periodistas condenados y absueltos. Publicábamos cartas de rectificación justas de aludidos y otras abusivas y mendaces.

Rescatando la 'ley Fraga de Prensa'

El último gobernante español que defendió la libertad de expresión para limitarla se llamaba Manuel Fraga. Año 1966. “La Administración garantizará el ejercicio de las libertades y derechos que se regulan en esta Ley, persiguiendo, a través de los Órganos competentes e incluso por vía judicial, cualquier actividad contraria a aquéllos y, en especial, las que intenten deformar la opinión pública o impidan la libre información, difusión o distribución”. 

Fraga ya veía bulos. Fraga, como Sánchez, creía que es el Gobierno quién determina qué es y qué no es un diario. “Se determinarán los requisitos que deban reunir los impresos para alcanzar tales denominaciones”. Fraga no apelaba a la Constitución, sino al Fuero de la dictadura. Moscú y El Pardo ya eran hermanas. Desde 1922 existía el Comité que debía supervisar toda publicación periodística en la Unión Soviética.

Fraga, como Sánchez, citaba un clamor popular para poner en su sitio a la Prensa. “Lograr el máximo despliegue posible de la libertad de la persona para la expresión de su pensamiento, consagrada en el Fuero de los Españoles, conjugando aquella libertad con el bien común, la paz social y un recto orden de convivencia para todos los españoles”.

También Fraga mezclaba palo y zanahoria. “Libertad de expresión, libertad de empresa y libre designación de director son postulados fundamentales de esta Ley, con una clara fijación de la responsabilidad que el uso de las mismas lleva consigo, exigible, como cauce jurídico adecuado, ante los Tribunales de Justicia”.

Lo que no tenía Fraga eran los 1.142 millones gastados por Sánchez en anuncios estatales. Por no hablar de créditos ICO a diarios o a accionistas, y pagos de sus autonomías.

Más un uso de su TVE que choca con la Constitución. “La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad”. Esto cada mañana, entre 8 y 11.30, es un bulo en TVE. Hay tanta pluralidad como en la televisión de Kabul.