EDITORIAL
Sánchez, ¿qué es prevaricación? ¿Y tú me lo preguntas?
La querella contra el juez Peinado desde el punto de vista político es una temeridad y una imprudencia porque de nuevo vuelve a señalar al juez y a poner en entredicho a la propia democracia española
La Abogacía del Estado, en un acto muy cuestionable legalmente, ha presentado una querella contra el juez instructor del ‘caso Begoña’ por prevaricación cometida supuestamente en la citación como testigo de Pedro Sánchez, obviando su condición de presidente del Gobierno. La querella, a juicio de numerosos reputados juristas no tiene recorrido de ningún tipo. Ya se verá.
En todo caso, desde el punto de vista político es una temeridad y una imprudencia porque de nuevo vuelve a señalar al juez y a poner en entredicho a la propia democracia española en la que, según la tesis sanchista, es posible montar un complot judicial, político y mediático contra el presidente del Gobierno para derrocarlo. ¡Un delirio!
Además, la querella por prevaricación denota una osadía y un cinismo asombrosos. El hombre que ha comprado su investidura a un prófugo con una amnistía inconstitucional que borra sus delitos, se atreve a acusar al juez de prevaricación.
El tipo que es capaz de ceder a Cataluña un concierto económico que destruye la solidaridad fiscal entre regiones y la igualdad de los ciudadanos con tal de lograr gobernar en esa comunidad autónoma, tiene la osadía de llamar prevaricador al juez Peinado.
El presidente que fue capaz de modificar el Código Penal para derogar el delito de sedición y reformar el de malversación al dictado de los separatistas que le mantienen en la Moncloa tiene la
poca vergüenza de ver prevaricación en una decisión judicial que simplemente no le conviene y además le molesta en su ego.
Pedro Sánchez sigue empeñado en la estrategia de intentar frenar la investigación judicial contra su mujer. Y eso es muy difícil, por no decir imposible. La justicia es lenta, muy lenta, tiene muchos problemas y a veces desespera, pero acaba llegando lentamente, pero de manera inexorable. Por suerte ni siquiera un presidente del Gobierno tiene el poder dar carpetazo a una investigación judicial. El día que eso cambie no podremos hablar de España como una verdadera democracia europea.