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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el balance del curso político que hizo el pasado miércoles.EDUARDO PARRA

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Para sorpresa de nadie, los independentistas de ERC y el PSOE han llegado a un acuerdo para una financiación “a la carta” de Cataluña a cambio de la presidencia y el gobierno de la Generalitat. Tras la publicación de este acuerdo, se han vertido ríos de tinta en distintas direcciones. No obstante, hace falta una reflexión más allá de las cifras e incluso de los partidos, para hablar de lo realmente importante: los ciudadanos catalanes y el conjunto de los españoles.

El sistema de financiación autonómica es uno de los grandes pactos que más ha sufrido la falta de unidad política. Desde el año 2009 no se ha hecho ninguna gran modificación. Según el discurso de los partidos independentistas, de la ley 22/2009 se podría extraer que Cataluña ha sido una comunidad apaleada, infrafinanciada y que merecía más, mucho más, tanto como los 15.000 millones de euros que estiman los partidos independentistas.

Como suele suceder en todo relato, los datos acaban con la ensoñación. Desde el año 2016, Cataluña recibe más que la media de las Comunidades Autónomas. A su vez, desde que existe este modelo de financiación, la cantidad percibida por habitante es exactamente la misma en Cataluña que en la Comunidad de Madrid. ¿Debería entonces la Comunidad de Madrid solicitar una financiación a la carta y exigir todo el dinero que se le debe? La reflexión se la dejo al lector.

Si la reflexión al lector le lleva a una respuesta afirmativa, muere el estado de la solidaridad interterritorial y el estado de las autonomías tal y como lo conocemos. Pasaríamos de un sistema donde lo importante son las personas y los criterios relativos a estas, a un sistema de negociación, de pulsos territoriales con el Estado y de argucias donde primaría la necesidad política sobre la necesidad de los ciudadanos. En este escenario, lo importante no sería el gestor y su capacidad para administrar lo público, sino la fuerza dentro de su partido y sus intereses personales.

Esta financiación singular, similar al sistema vasco o navarro, implica pagar un “cupo” por los servicios que presta el Estado en Cataluña y luego una cuota de “solidaridad” con el resto del territorio.

Seguramente, nadie ignora el peligro que esto supone, ya que el “cupo” al negociarse puede tener la trampa de subestimar los servicios prestados. Por lo tanto, todos los españoles asumiríamos solidariamente ese coste extra, pues al final no son lo importante las personas, sino el pulso de poder entre el Estado y las autonomías.

"Al final, las regiones más ricas son más insolidarias y las más pobres tienen que ser solidarias entre ellas, menudo socialismo".

Tampoco se escapará a nadie que esa cuota de solidaridad vaya a ser más reducida de lo que aportaban al sistema. ¿Se podría imaginar el lector que los independentistas cambian el modelo para pagar más? Seguramente, el lector conoce la respuesta y no necesita ninguna pista.

La cuestión de fondo no es solamente económica, es también de principios, ideas y valores. A pocos se les escapará que esto choca directamente con el gen incluso del propio partido socialista como ya han expresado distintos dirigentes y afiliados socialistas estos días.

Mas allá del programa electoral, el PSOE, en sus estatutos del año 2021, es decir, en pleno apogeo del presidente Pedro Sánchez, se puede leer en el artículo 2.2: “… aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad libre, justa, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso…”. También en el artículo 3.c, donde se habla de los deberes de los militantes: “… La solidaridad material y moral con el resto de la militancia de la Organización, el respeto a sus opiniones y posiciones, a sus personas…”, todo lo contrario de lo que se defiende ahora, un muy conveniente cambio de opinión.

Resulta evidente que, con esta deriva del PSOE hacia tesis de índole más política y el abandono de lo social, dejan al resto de España y al conjunto de socialistas de otras federaciones que no son la catalana en una situación donde, al final, las regiones más ricas son más insolidarias y las más pobres tienen que ser solidarias entre ellas, menudo socialismo.