Aceptar la injusticia no es una virtud
Es necesario un rearme del Estado de Derecho en España. Desde que gobierna Pedro Sánchez se han ido deteriorando de forma muy preocupante los mecanismos de defensa de la legalidad en nuestro país, sin que la sociedad, en su conjunto, esté reaccionando. En este sentido se está cumpliendo la historia de la rana que muere cocida al calentarse poco a poco el agua en la que se encuentra sumergida y eso es la que le está ocurriendo a nuestra democracia fruto de la Constitución de 1978.
Que un delincuente delinca no puede extrañarnos, ya que está implícito en su propia naturaleza, pero los ciudadanos, al menos, debemos exigir al gobierno que active todos los mecanismos para evitar que siga delinquiendo. Eso es lo que no ha ocurrido en el sainete de la venida y fuga de Puigdemont en el jueves de la investidura de Salvador Illa. El gobierno de Sánchez está transmitiendo la imagen de cooperador necesario en la actuación del prófugo Puigdemont. Lo que no sabemos por el momento es si lo puede haber sido por acción o por omisión, pero el aparente silencio de los distintos voceros socialistas, tan promiscuos en las redes sociales, parece muy sospecho por el momento.
Pedro Sánchez no hizo nada para evitar el delito y detener al delincuente el jueves 8 de agosto y así lleva desde que es presidente del gobierno. Así pues ha rebajado la pena de corrupción, ha derogado el delito de rebelión, ha indultado a delincuentes sin arrepentimiento, ha promulgado la ley de amnistía incluyendo delitos no amnistiables según la jurisprudencia internacional como terrorismo y el saqueo de dinero público y ahora ha permitido el paseo vergonzoso de un delincuente por Barcelona.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, antes de su intervención el pasado jueves en las calles de Barcelona.
El gobierno sabe que no controla el Tribunal Supremo por eso lo peor que podía pasar para sus intereses, tanto en la investidura de Illa como en el mantenimiento de la Moncloa, era la detención del delincuente prófugo. Esta detención no se produjo ya que la operación “jaula” se convirtió en una verdadera “jaula” pero para el Magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
El Estado de Derecho no funcionó porque de forma sospechosa falló el mecanismo que podía evitar el desastre: desde el CNI, el Ministerio del Interior, la policía autonómica catalana profundamente minada por el independentismo y la Fiscalía, que milimétricamente han actuado en el mismo sentido, curiosamente en el coincidente objetivo de permitir que se produjera el discurso de Puigdemont en un estrado montado en la calle y autorizado por el ayuntamiento socialista de Barcelona. También la investidura de Illa sin interrupción alguna y la fuga del prófugo sin ningún riesgo de ser puesto a disposición de la Justicia.
Salvador Illa durante su discurso de investidura.
Igual que cuando se investiga un asesinato, por ejemplo, lo primero que tanto la policía como el Juez se pregunta es a quién beneficia el delito, pues en este acto de atentado contra nuestro Estado de Derecho lo primero que debemos preguntarnos es a quién le ha interesado todo lo ocurrido el pasado 8 de agosto y la contestación es sencilla: a Pedro Sánchez y a Puigdemont.
Muchas preguntas en el aire
Existen muchas preguntas que cada ciudadano debemos de hacernos y llegar a nuestra personal conclusión, porque las casualidades en política no existen y menos cuando estamos hablando de delitos cuya comisión se anunciaron con día, hora y lugar. La primera pregunta es por qué, si hubo un despliegue descomunal cuando Begoña Gómez fue a declarar ante el Juzgado, no lo hubo en las inmediaciones del Arco del Triunfo de Barcelona, máxime cuando se montó un estrado al que se subió Puigdemont a la hora señalada.
En segundo lugar es interesante que nos preguntemos también porqué hubo una reunión previa en Suiza entre emisarios de Sánchez y colaboradores de Puigdemont en la que , según las crónicas periodísticas, los socialistas transmitieron que “no controlaban el Tribunal Supremo” de lo que se deduce la posible advertencia al prófugo que tenía que evitar su detención. De esta cuestión surge otra pregunta y es la relacionada con el control del Tribunal Supremo y la campaña desarrollada por la izquierda en los últimos días solicitando que se nombre a la magistrada Pilar Teso presidenta del máximo órgano de la Justicia, vinculándola de forma más o menos implícita con el sanchismo.
El edificio del Tribunal Supremo.
La otra cuestión que debemos reflexionar es por qué Salvador Illa en su discurso habló de aplicar la amnistía a todos los delincuentes e hizo especial mención a que no se debería detener a nadie, olvidando que Puigdemont estaba cometiendo un nuevo delito de desobediencia que ya no puede vincularse al procés y por tanto de difícil encaje en la amnistía aprobada, olvidando igualmente que también lo han cometido todos los que resulten cómplices o cooperadores necesarios del mismo.
El Estado de derecho ha sido humillado por aquellos que están obligados a defenderlo por lo que es necesario que respondan, ante la Justicia y ante las urnas. Y es que la legalidad no puede aplicarse en España de forma “fija discontinua” como está ocurriendo desde que Pedro Sánchez gobierna. Así pues cuando los ciudadanos nos respondamos todas las preguntas surgidas en estos días de triste sainete nacional, debemos recordar lo que decía Cleóbulos de Lindos, uno de los siete sabios de Grecia en el siglo VI antes de Cristo, “aceptar la injusticia no es una virtud sino todo lo contrario”, se ve que este filósofo es poco conocido en la Moncloa y por eso lo debemos recordar los españoles demócratas.