El odio y los bulos en las redes sociales no pueden salir gratis: ¿nuevo pacto entre Sánchez y Feijóo?

Ya no son solo las mentiras, las difamaciones y, en fin, el tratar -y a veces se consigue- de destrozar vidas a través de las redes sociales, sino que lo más preocupante es la sensación de impunidad que sobrevuela. Sale prácticamente gratis incurrir en tales delitos, tipificados en el Código Penal, en el mundo virtual. Porque una cosa es la libertad de expresión y otra, muy distinta, la expresión del odio. Por supuesto, en cualquier democracia se ha de tener libertad para expresar -públicamente- cualquier opinión, pensamiento, crítica, denuncia, advertencia, claro que sí, pero como dice el sabio refrán: la libertad de uno acaba cuando comienza la del otro. No nos confundamos. El infundir bulos y odio con la expresa intención de hacer daño, no puede ser considerada libertad de expresión. Y un juez -énfasis en juez- basándose en los ya existentes artículos del Código Penal debe poner los necesarios límites.

Pero hay que tener, uno, voluntad de ello y, dos, las herramientas necesarias. El esparcido bulo de la nacionalidad extranjera del asesino del pequeño Mateo, con ataques, incluso, a miembros de su familia -de la víctima- por reclamar respeto a la diversidad y no odio, fue la reciente gota que colmó el vaso. No hay límites ya. Muchos, demasiados, se creen con la libertad de mentir y de atacar, incluso, a la familia de la víctima que pide tolerancia. No se puede permitir. Tampoco el que satélites mediáticos de Vox, pongamos nombres y apellidos, y del eurodiputado Alvise Pérez -él incluido-, traten de destrozarle la vida al periodista Raúl Solís, inventando sobre él muy graves delitos y acusaciones, por el simple hecho de no compartir ideología política. Algunos se han convertido en profesionales pero del bulo.

Los bulos de Alvise Pérez y del entorno de Vox: la gota que ha colmado el vaso

Pero ojo. Las mentiras en redes sociales no son, para nada, patrimonio exclusivo de la izquierda. No nos engañemos. Se trata de un problema transversal que debe ocasionar, pues, una solución consensuada entre los dos grandes partidos de la democracia: y tanto el PP como el PSOE se muestran partidarios de ello. Es más, los de Feijóo trasnmiten que ya en el año 2021 el Grupo Popular resgistró una proposición de ley para exigir a los proveedores de servicios de redes sociales “la identificación de cada uno de los perfiles y sus cuentas de usuarios, a través del DNI, Pasaporte o cualquier otro documento de identidad”. Y proponía tal proposición del PP, además, multas de 150.000€ y hasta los 600.000€ para los difamadores y, en caso de reiteración, “la prohibición de actuación en España, durante un plazo máximo de dos años”.

Precisamente, el que todos los perfiles en redes sociales estén identificados por obligación para que los delitos puedan ser fácilmente perseguibles y no acaben en un cajón, es una propuesta también defendida por el fiscal de sala de la Unidad de Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar. Y respaldada, también, por el PSOE. Aún falta concreción, ¿pero estamos a las puertas de un nuevo pacto entre el PP y el PSOE por un tema mayor, de Estado? Parece que sí.