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"Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces". Esa ha sido una de las frases pronunciadas por Isabel Perelló, la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ. La dijo en un discurso delante del Rey y del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Y eso que pensábamos que toda autoridad en una democracia daba por supuesto resulta ser, mira por dónde, lo que abre informativos y portadas de periódicos en España. Por algo será.

Vivimos en un país donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a sus aliados radicales, consideran que la Justicia debe ser "sensible" a las mayorías parlamentarias. De hecho, para que así sea, han colonizado poco a poco instituciones "independientes", como el Tribunal Constitucional, buscando que el "polvo del camino" progresista lo impregne todo. Ya hemos visto cómo, convertidas en corte de casación, las huestes de Cándido Conde Pumpido han enmendado la plana a los distintos tribunales para dejar sin tacha a quienes cometieron el mayor expolio de fondos públicos en nuestro país con los ERE de Andalucía. Una tropelía.

Ahora, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha presentado un recurso ante el TC por la desvergonzada ley de amnistía, que deja sin delito a todos aquellos que dieron un golpe de Estado y declararon Cataluña independiente, además, malversando dinero público. Esa ley existe porque Sánchez necesitó los siete votos de los independentistas de Carles Puigdemont para ser investido. ¿Hay mayor corrupción?