La deriva autoritaria de Sánchez obliga a la nueva presidenta del CGPJ a defender lo obvio

Vivimos unos tiempos en los que la normalidad democrática se ha vuelto algo extraordinario, tanto que se convierte en noticia que la nueva presidenta del CGPJ y del TS, Ana Perelló, diga en su primera intervención oficial que el Gobierno tiene que respetar la separación de poderes, en este caso a los jueces, al Poder Judicial

En tiempos de Sánchez y su deriva autoritaria se ha vuelto necesario, imprescindible, que la cara visible del Poder Judicial defienda la independencia de los jueces. Increíble.

Perelló tiene que demostrar a partir de ahora con hechos estas palabras. A pesar de ser una jueza izquierdista puede comportarse de forma independiente del Gobierno. Desde luego ella no era la candidata de Moncloa. Sánchez tenía otras dos mujeres en cartera, una apadrinada por el ministro Feliz Bolaños y la otra por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. Pero los vocales conservadores no tragaron a pesar de las múltiples presiones y propusieron ellos mismos a Perelló, mujer e izquierdista.

De momento, un gesto de valentía frente a Sánchez

Lo importante por supuesto más allá de su ideología o su tendencia es que demuestre independencia. Es imprescindible para España que Sánchez no controle el Poder Judicial. Ya tiene la fiscalía general bajo su mando a distancia, tiene el Constitucional con Conde-Pumpido, un exministro y una ex alto cargo de Moncloa; tiene el legislativo más o menos controlado con la mayoría Frankenstein; tiene el Ejecutivo en su mano, claro está; tiene el CIS con el dirigente del PSOE José Félix Tezanos; tiene el Banco de España con el ministro Escrivá y el Consejo de Estado con la ex vicepresidenta Carmen Calvo.

El Poder Judicial es el último muro que le queda por derribar para hacer y deshacer a su antojo, para hacerse con un poder muy próximo al de una dictadura caribeña disfrazada de democracia europea. Y ahí Perelló es clave. Tiene que defender la independencia del Poder Judicial o, lo que es lo mismo, el Estado de Derecho en el que se fundamenta nuestra democracia