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Seguramente a ningún lector se le escape la polémica de estos días generada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con su alusión a los coches de lujo. Aprovechando que el tema está en el foco mediático, ha lanzado un paquete de 40 millones de euros para fomentar el uso de la bicicleta mientras reiteraba críticas a marcas de automóviles de alta gama. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es esta medida realmente efectiva y suficiente?

Uno de los principales problemas con esta iniciativa es que las ciudades españolas, por su configuración histórica y urbanística, enfrentan desafíos estructurales que no se resuelven solo con inversiones puntuales. La orografía, por ejemplo, es un factor clave. Madrid y Barcelona, con sus desniveles, presentan serias dificultades para los ciclistas. En Madrid, los trayectos a menudo implican subidas y bajadas pronunciadas, lo que convierte a la bicicleta en una opción poco cómoda para muchos. Además, la distancia media para ir al trabajo en ciudades como Madrid es considerable: en Barcelona, por ejemplo, supera los 9 km, lo que añade otra capa de complejidad, sobre todo si no se dispone de una infraestructura ciclista segura y adecuada.

Usuarios de bicicleta y patinete eléctrico circulan por Barcelona.David Zorrakino / Europa Press

Aunque se han hecho avances notables, como la expansión de BiciMad -que ya cuenta con más de 7.500 bicicletas eléctricas y más de 130.000 usuarios- estos esfuerzos no pueden abordar la totalidad del problema de fondo: la desconexión entre los carriles bici. Muchos de ellos están fragmentados o no conectan con las principales zonas de la ciudad, lo que limita su utilidad y provoca que la bicicleta siga siendo vista como una alternativa marginal al transporte motorizado. Y cualquiera podría pensar que esto es solo un fallo del ayuntamiento de Madrid, de su gestión o de su alcalde. Pero lo cierto es que la mayoría de las grandes ciudades españolas no fueron diseñadas para albergar una red ciclista eficiente.

Bicicletas de Bicimad en Madrid.Ricardo Rubio / Europa Press

La medida de los 40 millones de euros resulta insuficiente si consideramos que más del 77% de los hogares en España ya posee una bicicleta. El problema no es la falta de bicicletas, sino la falta de infraestructuras adecuadas y seguras que permitan su uso cotidiano de manera masiva. El crecimiento del uso de la bicicleta ha sido notable en los últimos años, pero sin una red coherente y bien planificada su potencial en las ciudades queda limitado.

En la misma dirección, este tipo de decisiones centralizadas (tomadas sin una verdadera coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos) no tiene en cuenta que son precisamente estos actores locales los que mejor conocen las particularidades de la movilidad. Son los municipios y las comunidades autónomas quienes deben liderar la transformación urbana que permita integrar de manera efectiva a la bicicleta dentro de sus redes de transporte, adecuando las calles y fomentando una movilidad más sostenible y no el gobierno con medidas que no vienen a atajar esta situación.

Si se quiere que el ciclismo urbano prospere, es necesario un enfoque mucho más integral que contemple la transformación de las infraestructuras y una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno. No una limosna que, a fin de atajar el problema, solo genera ruido y polémica.