EDITORIAL
Alvise se hunde y Sánchez se lamenta
Si partimos de que la investigación contra Alvise es algo normal en un Estado de Derecho, es muy complicado defender que la que se sigue contra Begoña Gómez es una cacería
El líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, ha reconocido que cobró 100.000 euros en negro de un empresario, sin factura, sin declararlos a Hacienda y sin cobrar ni pagar IVA. La fiscalía del Tribunal Supremo investiga si ese dinero pudo servir para financiar la campaña electoral de las pasadas elecciones europeas en las que su formación obtuvo tres escaños en el Europarlamento, lo que podría ser un delito contra la ley de financiación de los partidos políticos y acarrear consecuencias penales graves para Alvise Pérez.
Su explicación, muy probablemente preparada con un abogado, incluye argumentos un tanto surrealistas de lo ocurrido. “Acepté cobrar esos honorarios privados sin factura para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política”, ha manifestado en un vídeo difundido en las redes sociales en el que no deja títere con cabeza. Su excusa es que Hacienda es “una mafia” y que no declaró los 100.000 euros para que el Estado no le esquilme.
Cómo es lógico, nadie en su sano juicio se opone a que se investigue a Alvise si el juez considera que hay indicios de presuntas irregularidades. ¡Faltaría más! De sus 800.000 votantes, solo los muy adeptos pueden creer al político cuando achaca a una cacería política, mediática y judicial contra él y su partido estos movimientos judiciales. Al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tampoco se le ocurriría jamás salir a defender a Alvise atacando al juez o al fiscal.
Sin embargo, eso es lo que hace Bolaños cuando el investigado no es Alvise sino la esposa de su jefe, el presidente del Gobierno. Es más, es lo que hace el propio Pedro Sánchez. Ahí no tiene reparos en tildar al juez poco menos que de ser un prevaricador que forma parte de un complot judicial, político y mediático para derrocarle.
Lo que ocurre es que, si partimos de que la investigación contra Alvise es algo normal en un Estado de Derecho, es muy complicado defender que la que se sigue contra Begoña Gómez es una cacería. Más que nada porque más allá de jueces con nombre y apellidos, ambos están siendo investigados bajo las mismas leyes y dentro del mismo sistema judicial, el español, absolutamente garantista con el acusado.
Además, esta presunta corruptela admitida por el propio Alvise puede tener un efecto colateral que dañe seriamente la estrategia de Pedro Sánchez. El líder socialista vio desde el primer momento que le interesaba que existiera una tercera opción en el espectro de la derecha para fragmentarlo y debilitarlo. Por eso hizo todo lo posible por hablar de él en la campaña de las elecciones europeas, darle relevancia y notoriedad.
Sin embargo, esta investigación contra Alvise le puede hacer mucho daño a su imagen y a la de su partido hasta el punto de que la formación podría tambalearse y con ella los planes de Sánchez que, a buen seguro, hubiera querido repetirla en las futuras elecciones generales.