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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.EDUARDO PARRA

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La vivienda es y va a seguir siendo uno de los grandes problemas que afecta a los españoles. El PP anuncia próximamente presentar una ley al respecto. Bien hecho. Alberto Núñez Feijóo es el líder de la formación que gobierna en 11 Comunidades Autónomas y, por ello, le toca liderar un asunto de este calado que entra de lleno en las competencias de las regiones. Y que ya da signos de gran conflictividad social.

Eurostat señala que el precio de la vivienda en España ha crecido desde 2015 un 42%. Comparar ese aumento con lo que han subido los salarios deja un margen de pérdida escalofriante para las familias. Así las cosas, comprar o alquilar un piso para vivir resulta imposible. Además, a esto se une que, según el Banco de España, en nuestro país se construyen 100.000 viviendas al año cuando serían necesarias 600.000 y, lógicamente, la ley de oferta y demanda dispara los precios, para mejor vida de los especuladores que se enriquecen a costa de lo que es un derecho y no debería ser un negocio. 

Las cuerdas con muchos nudos no son sencillas nunca de desliar. La ley de vivienda de 2023, que partió de la imposición por parte del PSOE al PP, se ha demostrado inoperante o, peor aún, donde se ha aplicado, como en Cataluña, no ha hecho más que empeorar las cosas. La oferta se ha reducido un 36% y los precios han escalado el 13%. Un fracaso de Pedro Sánchez sin paliativos. 

Aquí, la línea más recta para que de verdad se empiece a ver luz al final del túnel, aunque no se encuentre ese resplandor demasiado cerca, ya que los tiempos son lentos, es liberar suelo para construir. Y, para ello, las administraciones autonómicas deben flexibilizar el corsé que tienen sobre los Ayuntamientos y que impide aprobar planes urbanísticos. Así mismo, hay que afrontar de forma valiente, para darle la vuelta, el orgulloso mérito de nuestro país de ser, entre los europeos, el que menos parque de vivienda social tiene, un ridículo 2%.

A. M. BEAUMONT