La Fiscalía de Pedro Sánchez, escándalo tras escándalo

La Fiscalía General del Estado está en el ojo del huracán. No ahora, desde hace años, pero quizás es en estos momentos cuando más se nota. Concretamente la fiscalía está bajo sospecha desde que Pedro Sánchez nombró fiscal general a su ministra de Justicia, Dolores Delgado. Un hecho inédito hasta entonces en democracia, una cacicada en toda regla que hundió la imagen y el prestigio de esta institución cuyo funcionamiento debe ser independiente del Gobierno de turno.

El remate fue aquella entrevista en la que Pedro Sánchez pronunció una de esas frases que le perseguirán toda la vida: “¿De quién depende la fiscalía?”. Es evidente, haciendo balance, que más que un desliz fue una declaración de intenciones.

Cuando parecía que no se podía caer más bajo llegó la renuncia de Delgado y el nombramiento en su puesto de su lugarteniente, Álvaro García Ortiz. Y todo fue a peor. Fue tan descarado que Sánchez le colocó ahí para poder manejarlo a su antojo, que incluso antes de tomar posesión del cargo fue declarado inidóneo por el Consejo General del Poder Judicial. Lo nunca visto.

Ahora, Álvaro García Ortiz está en el ojo del huracán. Según muchos juristas, se encuentra a un paso de ser imputado por el delito de revelación de secretos por presuntamente publicar datos confidenciales de un particular como es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En cualquier país normal de nuestro entorno, si el fiscal general resulta imputado la dimisión sería inmediata. En España, por supuesto, no va a suceder eso, tal y como ya anunciado el propio Álvaro García Ortiz. El Gobierno tampoco tiene ninguna gana de presionarle para que deje el puesto. Todo lo contrario. Es la forma de hacer política de Pedro Sánchez, colonizar las instituciones para estar el mayor tiempo posible en la Moncloa.