Votos de sangre
Reunión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En noviembre de 2023, hace casi un año, el Congreso de los Diputados vivió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, obteniéndola por un margen estrecho de 179 votos. Todos los ciudadanos supimos que el precio para que Puigdemont autorizara a sus 7 diputados votar a Sánchez fue la amnistía a los delincuentes del golpe de estado del 1 de octubre.
Con respecto al resto de partidos de la investidura el precio por su voto fue más o menos claro, excepto con un partido que siempre ha mantenido en la sombra el precio de su apoyo, y este partido es BILDU, hasta tal punto la opacidad en su precio ha sido y es “marca de la casa”, que muchos han denominado a estos acuerdos ocultos, entre el PSOE y BILDU, como el “pacto encapuchado”.
Sin duda, una parte del precio ha sido la entrega por el PSOE de la alcaldía de Pamplona a Otegi, así como la “eskuldanización” de la Comunidad Foral de Navarra. Pero lo más escalofriante es el probable precio oculto y “encapuchado” pactado y que sin duda tiene como objeto la amnistía encubierta de los presos etarras, cuyo traslado a las cárceles vascas ya lo inició el ministro Marlaska en la legislatura pasada.
La utilización de la política penitenciaria para la puesta en libertad de terroristas no arrepentidos a cambio de mantenerse en el poder, es lo peor que puede hacer un gobierno democrático y esto es lo que está probablemente haciendo Pedro Sánchez a través de la consejera de justicia socialista del gobierno vasco Mª Jesús San José, que ha autorizado dos terceros grados a miembros de ETA no arrepentidos, asesinos de , entre otros, del político socialista vasco Fernando Buesa y del Fiscal Luis Portero. Realmente es despreciable que el precio para mantenerse en el poder pueda tener su fundamento en beneficios para asesinos, lo cual supera con creces el precio exigido por JUNTS y ERC, aunque en el precio en ambos casos sea la libertad de delincuentes a través de amnistías reconocibles o invisibles.
Un gobierno que no respete la memoria de las víctimas es un gobierno con un grave déficit democrático por eso es imprescindible evitar falsas equidistancias morales o políticas, ambigüedades o neutralidades valorativas, y debe recogerse con absoluta claridad la existencia de víctimas y terroristas, quien ha sufrido el daño y quien lo ha causado sin que puedan haber beneficios sin un claro arrepentimiento.
Es necesario que los demócratas exijamos claridad en la política penitenciaria del gobierno de España y del País Vasco y que esta política esté dirigida exclusivamente a favorecer que las víctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificación alguna del terrorismo y de los terroristas. Los poderes públicos deben garantizar que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y asegurar la tutela judicial efectiva, lo cual está en duda tras las últimas decisiones de la consejera socialista vasca.
El respeto a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social según establece el artículo 10 de la Constitución Española, es exigencia básica en toda democracia, por lo que el gobierno debe velar que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las víctimas.
Votos de sangre de víctimas inocentes
No puede tolerarse que la legislatura en España tenga la sombra de que el precio encubierto de los seis votos de BILDU sea la excarcelación de terroristas con las manos manchadas de sangre, porque serían votos de sangre de víctimas inocentes, Así de duro hay que referirse a la política de excarcelación de terroristas no arrepentidos porque así de dura es la realidad de lo que está ocurriendo en las cárceles vascas.
La complacencia de BILDU con Sánchez y sus sonrisas y “compadreo” que durante todos los plenos podemos comprobar, no es porque les une el “progresismo” como afirmó el ministro Óscar Puente, sino porque hay un probable pacto “encapuchado” de dejar libre a sus compañeros encarcelados a cambio de dar oxígeno cada semana a Pedro Sánchez, lo cual es simplemente indigno en una democracia.