Que el fiscal general esté imputado ya es lo de menos: lo peor es que no dimita y Sánchez lo avale

Es probable que el fiscal general no haya filtrado los correos del novio de Ayuso y que, por tanto, no sea culpable de un delito de revelación de secretos. Porque lo que el Tribunal Supremo entiende como "revelación de secretos" no es la nota de prensa emitida, hace meses, por la Fiscalía cuya responsabilidad ya asumió el propio Álvaro García Ortiz -el primer Fiscal General imputado desde el inicio de la democracia en España- sino la filtración de tales correos electrónicos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Insisto, es posible que el fiscal general sea inocente y que no haya incurrido en un delito pero ¿y qué más da? Está imputado, algo totalmente inédito en nuestra Historia Contemporánea, y debe, por tanto, dimitir por el bien del Ministerio Público, por su prestigio, por su necesidad de aparentar neutralidad, por evitar una permanente tensión entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía y, en fin, por el bien de todos los españoles. Porque lo importante no es la persona, Álvaro García Ortiz, lo que importa es la institución, el Ministerio Público. Máxime cuando hablamos de una institución tan necesaria y relevante como lo es la Fiscalía que, entre otras funciones, es la autoridad pública encargada de impulsar la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Casi nada.

Y si el Tribunal Supremo entiende que la mejor forma de investigar quién filtró los correos del novio de Ayuso es imputar al aforado fiscal general del Estado -de ahí que sea el Alto Tribunal quien lo investigue-, pues es lo que hay. Hay que apandar, al menos a corto y medio plazo -hasta que todo se aclare-, con las consecuencias. 

Porque, insisto, lo importante no es la persona, es la institución. Más aún, una autoridad pública tan jerarquizada como la Fiscalía: todos los fiscales están subordinados al ahora imputado fiscal general. En otras palabras, que todo lo que proceda del Ministerio Público es susceptible de estar bajo sospecha.

En conclusión, si por responsabilidad se exige a los políticos, sean del partido que sean, su dimisión cuando alcanza el estatus de imputado en una causa judicial, cómo no se va a reclamar que el Fiscal General dimita. Es pura coherencia y lógica aplastante.