La DANA tapa el escándalo del Fiscal General: la Guardia Civil le acorrala y pone la institución al límite

La DANA no nos ha dejado hablar mucho de algo inédito ocurrido en las últimas horas en España. Seis horas ha estado la Guardia Civil en el despacho del Fiscal General del Estado, registrándolo de arriba a abajo por orden del juez del Tribunal Supremo que instruye el caso, incautándose de sus teléfonos móviles, ordenador portátil, discos duros, pendrives y volcando todos sus correos tanto de cuentas personales como profesionales. 

Y es que presuntamente, Álvaro García Ortiz puede haber cometido el delito de revelación de secretos, filtrando datos fiscales confidenciales de un particular como es la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No todo vale contra un rival político y en este caso hay indicios relevantes de que el Fiscal General, el que debe perseguir el delito, pudo cometerlo.

Muchas personas se han llevado las manos a la cabeza. Ver para creer, decían. La Guardia Civil registrando el despacho del Fiscal General como si de un vulgar delincuente se tratara. Y es cierto, pero hay que decir que el que ha puesto al límite a esta institución del Estado es el propio Álvaro García Ortiz con su negativa a dimitir. Su resistencia numantina "por el bien de la Fiscalía", dice él, es en realidad un misil al prestigio de la misma. Los ciudadanos asistimos atónitos al hecho de que se impute al Fiscal General y más aún a que se niegue a dimitir pese a la imputación y todavía más a que el Gobierno le defienda y nos mienta: le persiguen por desmentir un bulo. Falso de toda falsedad.

Además del daño al prestigio de la Fiscalía, se produce una situación insostenible que afecta a su credibilidad. El juez ha decretado el secreto del sumario, que debe ser secreto para todos, por supuesto también para el propio investigado . Sólo dos personas tienen acceso al sumario: el juez, como es lógico, y ¡atención!, el fiscal del caso. Y este es el problema: que el fiscal del caso está bajo las órdenes del fiscal general, al que debe obediencia. Es decir, el fiscal es un subordinado del imputado y ese secreto de sumario queda en entredicho como mínimo. La anomalía es de tal calibre que no se puede permitir la situación. Ya que él no quiere dimitir habría que buscar la fórmula jurídica para destituirle, que no es fácil, y menos cuando el Gobierno le apoya y permite también este deterioro de la credibilidad de la Fiscalía, en consecuencia de la Justicia y por extensión del propio Estado de Derecho.