Y ahora, la ley sin excepción
El secesionismo avanza en su Golpe de Estado, un desafío infame a la convivencia y a la democracia que exige una respuesta legal sin miramientos con el apoyo de todos al Gobierno de España.
Diputados de Junts pel Sí celebran la aprobación de la Ley del Referéndum.
La locura secesionista ha alcanzado ya un punto sin retorno con la sonrojante, ilegal y cochambrosa aprobación de una pseudoley a favor del referéndum que conculca la propia legislación catalana y, desde luego, constituye una afrenta al conjunto de la ciudadanía y a la ley que regula la convivencia entre todos, la Constitución.
Apoyar al Gobierno es apoyar a España, y en situaciones de este calado ni caben medias tintas ni tampoco equidistancias
La manera elegida por los impulsores del llamado ‘procés’ lo dice todo al respecto de la naturaleza de sus intenciones, que merecen sin duda el calificativo de Golpe de Estado y reclaman la respuesta más contundente posible.
Todo lo que hace y sostiene el soberanismo es ilegal y nace de una lectura falsa y tóxica de los hechos que ha logrado inocular a miles de catalanes utilizando recursos de ingeniería social como la propaganda televisiva o la educación pública.
Pero ahora no se trata ya de saber cuántos catalanes respaldan este inaceptable desafío, como si la ley tuviera que ser una u otra en función del apoyo que tengan los infractores, sino de acompañar cada una de sus barbaridades de la respuesta legal, política y ética que la situación exige.
Un apoyo sin fisuras
En ese sentido, buscar culpas o responsabilidades en el Gobierno de España, como algunos hacen con una mezcla de interés, ignorancia e irresponsabilidad, no sólo es injusto, sino también contraproducente, pues refuerza una actitud de secesión injustificable e ilegal frente a la que no caben fisuras.
Esto que ahora padecemos en pleno siglo XXI, cuando las conexiones globales son más importantes para superar los desafíos contemporáneos y más contraproducente es el aldeanismo nacionalista; ya lo sufrieron los españoles en 1934, durante la Segunda República: no es un fenómeno nuevo pues, y el único -y no menor- reproche que cabe hacerle al Estado es su ingenua paciencia ante tan desleales instituciones.
Apoyar al Gobierno es apoyar a España, y en situaciones de este calado ni caben medias tintas ni tampoco equidistancias entre quienes representan al conjunto de los españoles, catalanes incluidos, y quienes se sirven de la democracia y el Estado de Derecho para acabar con ellos en nombre de anhelos victimistas y en todo caso irrealizables.
Porque aquí no se confronta el deseo de un pueblo frente a la gris burocracia o la fría justicia; sino el pulso de unos indeseables contra un sistema democrático, siempre perfeccionable, que le ha procurado a España sus mejores 40 años de prosperidad en su ya larga historia.
Defender la Constitución y la ley es, sobre todo, amparar a los casi 47 millones de ciudadanos que conforman uno de los países más longevos del mundo, en los cuales recae el único ‘derecho a decidir’ digno de tal nombre, recogido en la Carta Magna y objeto ahora de un penoso intento de hurto.
Golpismo, sin ambages
Porque eso es precisamente lo que intenta el independentismo golpista: robarle al conjunto de la ciudadanía un proyecto común en el que la diversidad de lenguas, culturas e identidades son prueba de la riqueza de España, y no indicio de la coexistencia artificial de realidades distintas con derecho a segregarse.
El derecho a decidir ya existe: lo tienen 47 millones de españoles y lo protege la Constitución
Si en algo se ha equivocado España es en su generosidad, resumida en una Constitución que reconoce como ninguna otra las especificidades de todo tipo de comunidades con un acentuado acervo cultural, hasta el punto de que su voluntaria ‘desaparición’ en el día a día de Cataluña ha sido más aprovechada que agradecida por quienes pisotean ese esfuerzo centrífugo para esparcir la idea de un agravio inexistente.
La ley, sin más
Las leyes se aprueban para aplicarse, con especial necesidad en aquellas que regulan la propia subsistencia de la democracia, y no existe ninguna razón para que en este caso no se aplique esa máxima en toda su extensión.
Si al secesionismo le sigue saliendo gratis todo, a España le tocará acarrear una inmensa factura. Las tensiones secesionistas se vienen soportando desde al menos la Pimera República hasta nuestros tiempos: ha llegado la hora de aplicar una respuesta distinta a la tradicional, sustentada en la paciencia y la cesión infructuosas. Esto es, la ley, sin excesos, pero sin limitaciones.