Persecución judicial al inspector purgado por asociaciones de izquierda

Diferentes organizaciones vinculadas a la izquierda valenciana han puesto en marcha una campaña de persecución judicial contra el exinspector jefe de Policía Nacional de la comisaría centro de Valencia, Ricardo Ferris, que aseguró que la mayoría de detenidos de su comisaría eran inmigrantes ilegales. A través de una treintena de organizaciones se ha interpuesto una denuncia colectiva ante la Fiscalía contra el agente que recientemente ha dejado el Cuerpo de Policía Nacional.

El inspector jefe fue cesado por vincular públicamente la inmigración ilegal a delincuencia en una confeencia sobre seguridad organizada por Vox. La realidad es que estas declaraciones pasaron por desapercibidas hasta que la portavoz de Unidas Podemos en Las Cortes, Pilar Lima, rescató un fragmento del vídeo del discurso de Ferris en un acto de Vox acusandole de "nazi", paradójicamente, unas difamaciones que pueden encajar dentro del delito de odio. Fue entonces cuando el Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande Marlaska se hizo eco y ordenó su destitución.

Entre las principales entidades que han denunciado al exinspector de Policía Nacional consta la Asociación SOS Racisme Pais Valencià, filial de la catalana del mismo nombre presidida por la fiscal Susana Gisbert. También es partícipe de la denuncia colectiva València Acull, una entidad social financiada por la Conselleria de Igualdad dirigida por Compromís de la que ha obtenido subvenciones valoradas en 82.124,32 euros.

Se trata de una cifra que no hace sombra a la ingente cantidad de 198.189,96 euros que recibe Por Tí Mujer, una de las organizaciones. A estas principales asociaciones se suman otras en representación de las comunidades de migrantes como Federación Unión Africana España o Colombia Tierra Querida, las cuales perciben financiación a través de las partidas de Igualdad dedicadas la integración social de personas inmigrantes.

En el escrito, los denunciantes reclaman al ministerio público que acuse al exinspector jefe de incitar al odio contra las personas extranjeras. Las organizaciones basan su demanda en que Ferris equiparó la inmigración con la delincuencia y atribuyó todos los delitos que se cometen a las personas extranjeras. Además, sostienen que el excomisario instó públicamente a "actuar y echarle narices a la situación actual" y afirmó que "los españoles somos un pueblo pacífico, pero desgraciadamente vamos a tener que dejar de serlo".

Sobre el delito de odio, las organizaciones recuerdan que se contempla en el artículo 510.1.a del Código Penal y está castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 12 meses.

Como ya adelantó ESdiario CV, el exinspector jefe considera que se ha "falseado la realidad". Ferris aseguró, haciendo referencia como prueba de ello al vídeo de la jornada sobre Seguridad Ciudadana al alcance de todos publicado en YouTube, que "fue exactamente lo contrario ya que, de manera textual, manifesté que todo el mundo sabe que inmigración no es igual a delincuencia, y que solo un malvado o un tonto se atrevería a decir éso, pero que, desgraciadamente, delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal".